En un comunicado, precisó que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, tomó esa decisión tras verificar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz.
En tal sentido, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y adoptar el citado plan.
Agregó que, entre las decisiones adoptadas, la Sección solicitó a la Procuraduría General iniciar las investigaciones disciplinarias toda vez que, pasados cinco años de creada la CNGS, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo.
De tal forma que no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación, acotó.
El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien ejerce la secretaría técnica de la CNGS, es uno de los 15 miembros que participa en esta instancia creada en el Acuerdo de Paz para apoyar la construcción de una política pública y criminal para desmantelar esas estructuras, puntualizó.
Entre los integrantes está el presidente de la República, los ministros del Interior, Defensa y Justicia, el Fiscal General de la Nación, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional, tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.
De acuerdo con el balance que entregó la Sección, 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre ellas una indígena del Cauca.
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