La rubrica presidencial se produce un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara en segundo y definitivo debate ese proyecto de ley, acogiendo el veto parcial emitido por el Poder Ejecutivo que permitió corregir algunas inconsistencias del texto original.
Alvarado aseguró que la firma de esta ley evidencia la confianza en la capacidad de diálogo de todos los actores involucrados y en la voluntad política para que estas soluciones se tomen de una manera expedita para beneficiar a las personas que necesitan medicamentos elaborados con estos productos y a la vez impulsar y apoyar la producción agrícola.
La nueva legislación persigue regular y permitir el acceso y la utilización del cannabis y sus derivados exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, para el derecho fundamental a la salud.
Otro de los objetivos es autorizar la producción, industrialización y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario y cannabis con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos, y sus productos derivados.
Además del mandatario tico, rubricaron la ley los ministros de la Presidencia, Giannina Dinarte, y de Salud, Daniel Salas, en acto efectuado en Casa Presidencial.
Dinarte indicó que de esta manera, se permite la producción de cáñamo industrial y el desarrollo de medicamentos para cumplir los objetivos de atención de la salud de pacientes con dolores crónicos u otros y contribuir a la reactivación económica.
De su lado, el titular de Salud señaló que esta nueva ley fortalece las posibilidades que tiene la ciudadanía de aprovechar los usos medicinales del cannabis.
La diputada Zoila Volio, una de las proponentes de esta iniciativa legal, sostuvo que «como congresista será uno de los legados más importantes porque creo en el proyecto como ingeniera agrónoma.
Creo en el cannabis medicinal y realmente agradezco al presidente Alvarado que una vez que ajustamos el veto tal cual lo dijo estemos ya firmando la ley».
Karine Niño, otra de las legisladores proponentes, afirmó que este proyecto termina siendo una ley integral que recoge una robusta solución para cada una de las personas que serán beneficiadas.
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