Según el reporte, tras el derrocamiento del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, se vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad de las personas.
Así mismo, fueron quebrantadas las garantías judiciales, de debido proceso, honra, dignidad, privacidad, libertad de expresión y asociación; derecho de reunión, de toda mujer a una vida libre de violencia y con acceso a la salud.
La discriminación de que fueron objeto los indígenas, los ataques contra la propiedad y la negación del derecho al trabajo son otros crímenes señalados en el reporte del GIEI.
El 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez firmó el Decreto Supremo 4078, el cual exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por la violencia aplicada en la represión contra quienes protestaban contra el golpe de Estado.
Tres días después, decenas de personas murieron y alrededor de 120 resultaron heridas en Sacaba, Cochabamba. El GIEI estableció que durante esta operación ocurrieron ejecuciones sumarias.
Añade la pesquisa que, el 19 de noviembre ocurrió la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, en la cual perecieron al menos 11 indígenas, y 78 fueron heridos.
Estos casos y otros registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en el país sudamericano figuran en la presentación que acontece este miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA, según fuentes de la misión de Bolivia ante este foro regional.
Recientemente, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, instó a priorizar en Bolivia la aplicación de justicia respecto a las masacres cometidas por el gobierno de facto en 2019.
“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, insistió el experto.
Al presentar las conclusiones preliminares de su informe tras una visita de trabajo iniciada el 15 y concluida el 22 de febrero, García-Zayán dejó mal parada a la oposición golpista.
Refirió que sostuvo una reunión de trabajo de más de tres horas con familiares de las víctimas de Sacaba, Senkata y zona Sur, y al igual que el informe conclusivo del GIEI cifró en 37 las muertes registradas entre el 11 y el 19 de noviembre.
Al respecto lamentó que “pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación” y deploró que tras esos hechos que dejaron muertos, heridos, torturados, detenidos ilegalmente y perseguidos no se cuente con sentencias.
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