La propuesta plantea eliminar modificaciones o agregados aplicados a cuatro artículos del código que criminalizan el derecho a la protesta ciudadana, explicó Bermejo. Mencionó el artículo 315-A que tipifica el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública y un párrafo referido a la toma de locales y bloqueo de vías mediante la violencia, para presionar a la atención de demandas sociales.
Esas acciones, usualmente ejercidas para que las autoridades dialoguen con los manifestantes, se sancionan con pena de cárcel de cinco a 10 años.
Otros artículos cuestionados condenan a cárcel de cuatro a seis años a quienes obstaculicen con protestas el funcionamiento de servicios públicos como los de electricidad.
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