Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
Un comunicado de esa agrupación insta a levantar para alertar sobre la vulneración de derechos en la que se encuentran niñas y adolescentes en el istmo.
Las sindicalistas refirieron la denuncia publicada el pasado 23 de febrero, sobre la violación y embarazo forzado de una niña de ocho años, que se suma a los miles de casos de menores abusados sin atención del Estado, principal responsable de garantizar la salud, la seguridad y demás derechos fundamentales de los infantes.
Al mismo tiempo exigieron a las autoridades del sistema de salud, Ministerio Público, Órgano Judicial, de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), entre otras instituciones, la implementación de acciones urgentes para restaurar la salud y derechos vitales de esa menor, incluida la confidencialidad de su identidad.
De otra parte, demandaron la puesta en funcionamiento de Centros de Cuidados y Atención Infantil, para ponerlos a disposición de las madres trabajadoras que no cuentan con apoyo familiar ni los ingresos suficientes para la manutención de sus hijos.
No hacerlo, aseguran, significa violar los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, al dejar a las menores de edad en situación de indefensión y a ellas, a sus hijas e hijos, sin la posibilidad de trabajar.
INFANCIA TRUNCADA
En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, la directora de Senniaf, Graciela Mauad, precisó que se trata de una menor que no había podido estar bajo el cuidado de su madre biológica porque ésta presenta situaciones de salud mental y su cuidado lo asumió la tía.
“El esposo de ésta fue quien abusó de la niña”, añadió Mauad.
El agresor fue detenido preventivamente el 29 de diciembre de 2021 e imputado por el presunto delito de violación agravada a la espera de juicio.
Si bien es un caso inédito por la edad de la niña, no es el único. Informes de la Contraloría General de la República dan cuenta que en 2020 se registraron 392 nacimientos de niños vivos en mujeres menores de 15 años.
La presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del país istmeño, Isabel Lloyd, estimó que llegar a esas cifras representa que todo el sistema está fallando.
En este caso en particular, indicó, los facultativos decidieron no interrumpir el embarazo, debido a estar avanzado y recomendaron prescindir de un aborto terapéutico, puntualizó Mauad.
Por su parte, la coordinadora del Comité Interinstitucional de Aborto Terapéutico, Geneva González, explicó que el Código Penal es claro, solo se interviene en madres con riesgo de vida o de niños con riesgo de muerte hasta las 22 semanas o 700 gramos de peso.
En el caso en cuestión, la niña llegó con casi 24 semanas de embarazo: “se sale del rango en donde la comisión de aborto terapéutico hubiera podido hacer algo”, abundó.
La menor era desarrollada, es decir con una pubertad precoz, y quizás por eso ni siquiera se dieron cuenta de que estaba embarazada, añadió.
Después del alumbramiento, según la Senniaf, la niña y su bebé permanecerán en la casa de un familiar que cumple con los requisitos psicoafectivos y los recursos para asumir el cuidado adecuado fuera del lugar donde fue agredida sexualmente.
REPERCUSIÓN INMEDIATA
La activista Lucy Córdoba consideró que en este caso hubo falta de sensibilidad humana, sin olvidar la responsabilidad que tienen los padres de la niña.
Entrevistada por el matutino Panamá América, Córdoba también reconoció que la ciudadanía desconfía de la certeza de castigo que reciben los pedófilos y violadores.
Al respecto, la exdiputada Teresita Yanis de Arias recordó que todo el que tiene relaciones sexuales con un o una menor de 14 años incurre en el delito de violación porque no existe el consentimiento.
Tras la divulgación de esta noticia, el infectólogo Xavier Sáez dijo que es imperdonable que violen a una niña y permitan que su embarazo progrese, incluso arriesgando su propia vida.
Galenos han mostrado su preocupación por la salud de la niña debido a que las complicaciones a su edad son grandísimas, además de las secuelas psicológicas que sufrirá.
El diputado independiente Gabriel Silva destacó que es lamentable que a una menor de ocho años se le robe su infancia y necesite asumir roles de madre.
INVESTIGACIONES Y PROTESTAS
El pasado 21 de febrero, la Fiscalía instruyó otras investigaciones asociadas a presuntas esterilizaciones sin el consentimiento de mujeres originarias en la occidental provincia de Bocas del Toro.
De acuerdo con un informe del Ministerio Público, al que Prensa Latina tuvo acceso, un equipo especial se trasladó a esa región para ahondar en lo que algunos legisladores estimaron se trata de un delito de lesa humanidad.
La nueva pesquisa tiene lugar luego que el pasado 17 de febrero la presidenta encargada de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional (Parlamento), Kayra Harding, demandó ese proceso.
El más reciente escándalo que puso en vilo a Panamá se inició cuando la diputada independiente Walkiria Chandler preguntó en una interpelación a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas después de dar a luz.
Narró que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro en octubre de 2021 para conocer unos casos de leishmaniasis en menores de edad y, en la ocasión varias mujeres indígenas denunciaron las intervenciones quirúrgicas sin su permiso.
Chandler también afirmó que notificó al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre -quien ahora se recupera en Estados Unidos de una operación de urgencia-, pero nunca respondió.
Una investigación paralela sobre estos hechos lleva adelante la oficina del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
A juicio del Ombudsman, si las esterilizaciones forzadas son ciertas se trata de un retroceso como país. Leblanc adelantó visitas a Bocas del Toro junto a un equipo interdisciplinario para conocer el testimonio de las indígenas de las comunidades de Nance Risco, Changuinola Arriba, Charco La Pava y Valle del Rey.
El Minsa adelantó que investigó supuestos procedimientos quirúrgicos de salpingectomía en instalaciones, sin el debido consentimiento de los pacientes y verificó que en la comarca Ngäbe-Buglé en los últimos años no se practica ningún programa de ese tipo a la población femenina.
Mientras, decenas de manifestantes protestaron ante el Ministerio Público de Panamá y exigieron sanciones a los responsables de abusos a menores en casas de tránsito.
La representante del movimiento ProDefensa de la Niñez y la Adolescencia, Rebeca Yanis, demandó al Procurador encargado, Javier Caraballo, que renuncie al cargo si no es capaz de avanzar en las investigaciones pertinentes.
A raíz de estos incidentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
A mediados de febrero, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, decretó una legislación que ofrece, según aseveró, mayores garantías y protección integral a ese sector de la población, medida reclamada por la sociedad e instituciones internacionales.
De acuerdo con el decreto ejecutivo, se crea un sistema con políticas públicas que establecen parámetros para el cuidado emocional, físico, mental y social de los menores de edad.
También indica el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar, de acuerdo con su edad y madurez, el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de los infantes.
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