El magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional del país ibérico, con sede en Madrid, rechazó el recurso presentado para disolver la causa que asocia al exgobernante a negocios ilícitos con la compañía española Fomento de Construcciones y Contratas(FCC) en transacciones internacionales, indicó el diario local La Prensa.
La audiencia por comisión de supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción vinculada a la adjudicación de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad del Saber, en la nación canalera, debió realizarse en diciembre pasado, pero Martinelli en la red social Twitter envió un mensaje negándose a comparecer.
“No tengo velas en ese entierro”, escribió, pero la decisión del juez Moreno parece indicar que sí.
El pasado 16 de febrero, en Panamá, el Tribunal Electoral (TE) notificó a Martinelli la remoción del llamado fuero penal electoral, que le permitía evadir recientes procesos judiciales en su contra, también por blanqueo de dinero.
Funcionarios del Juzgado Administrativo Electoral de esa institución comunicaron al líder del partido Realizando Metas(RM), que aspira a volver al Palacio Presidencial tras los comicios generales de 2024, que en cumplimiento de una solicitud del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, el exgobernante no podrá disponer de ese beneficio.
A inicios de este año también la jueza Baloisa Marquínez suspendió y pospuso una audiencia a Martinelli, acusado de presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la adquisición de la Editora Panamá América (Epasa), para lo cual se habría usado la sociedad New Bussiness.
De acatarse la decisión del TE, quedará sin efecto entonces la decisión anterior de Marquínez, titular del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, cuando estableció que del 19 al 23 de mayo próximo sería la nueva fecha para la realización dela vista, con un plazo alterno del 4 al 6 de julio de 2022.
El exmandatario enfrenta diversas imputaciones por corrupción, entre ellos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y mantiene la medida cautelar de prohibición de salida del país centroamericano.
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