El estado delicado del exgobernante determinó, según su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, que fuera trasladado al área de emergencia de un hospital cercano a la cárcel exclusiva en la que cumple una condena de 25 años de prisión.
“No había tiempo para llevarlo hasta la clínica Centenario”, dijo el médico al diario El Comercio, en referencia al centro privado, más alejado, en el que el exmandatario (1990-2000) es frecuentemente atendido de sus males.
Aguinaga indicó que el personal sanitario que monitorea en forma permanente el estado del preso y dispone de una ambulancia, buscó atención hospitalaria cercana porque Fujimori registraba baja saturación de oxígeno y su ritmo cardíaco pasó de 40 a 160.
El exgobernante fue estabilizado en el hospital y en las próximas horas será transportado a la clínica Centenario, añadió.
En octubre último el paciente de 83 años fue operado para desbloquear una arteria, por su baja saturación de oxígeno, pero la intervención quirúrgica al parecer no solucionó el problema.
La nueva crisis de salud de Fujimori se produjo cuando está pendiente la decisión del exministro de Justicia y actual primer ministro, Aníbal Torres, de trasladarlo de la cómoda prisión exclusiva que ocupa a una cárcel común
Entretanto, el Ministerio Público continuó sustentando su acusación contra la hija del expresidente, Keiko, heredera política que fracasó tres veces en el intento de ser elegida presidenta.
Citó testimonios según los cuales la acusada, para quien el fiscal pide 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos y otros delitos, y su bancada parlamentaria apoyaron en 2018 al exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza, prófugo en España y a la espera de su extradición, para que no sea sometido a la justicia.
Hinostroza es señalado como uno de los cabecillas de una red de corrupción integrada por jueces, fiscales, políticos, empresarios y otros personajes, cuyo apoyo esperaba a cambio Fujimori ante sus problemas judiciales, según la fiscal adjunta, Paula Roque,
La fiscal fundamentó también el cargo de obstrucción a la justicia, por inducir a declarar en falso a quienes usó para enmascarar fondos ocultamente recibidos con fines electorales como si fueran muchas contribuciones personales.
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