Así lo subrayó la entidad uruguaya en su cuarto informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura de los años de 1973 a 1985.
El Grupo, del Consejo de Derechos Humanos, solicitó al gobierno su acuerdo para visitar Uruguay en noviembre para observar y asesorar en el empeño de verdad y justicia en torno a 197 víctimas cuyo destino aún se desconoce.
«De acuerdo a la información obtenida por la Inddhh el gobierno expresó reservas en cuanto a las fechas en una primera respuesta, y nunca respondió a una segunda comunicación reiterando la solicitud”, expresa el informe.
Afirmó que tampoco tuvo éxito en gestiones para entrevistarse con el canciller Francisco Bustillo «para discutir el acceso a ciertos fondos documentales», ni después para explicar la importancia de la visita del equipo de la Organización mundial para la búsqueda de las referidas personas.
La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos de Desaparecidos también lo intentó mediante una carta dirigida al titular de la diplomacia en la que explicó que a lo largo de muchos años mantenía contacto e intercambiaba información con la citada instancia de la ONU.
Sostiene que la solicitada visita de cinco expertos independientes constituye una fuente “de experiencia y conocimiento sobre las técnicas necesarias para abordar el tema de la desaparición forzada, que solo podría arrojar resultados positivos en este empeño».
La agrupación de dolientes señala a militares de los años de dictadura desactivados, jubilados y que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, como poseedores de información relativa al terrorismo de Estado que guardan un pacto de silencio institucional castrense.
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