Charles Carreras y Mario Bergara lo transmitieron a la prensa a la salida de una audiencia ante el fiscal, Gilberto Rodríguez, en torno a una denuncia sobre el caso presentada por legisladores de la bancada frenteamplista.
Enfatizaron en que se le dio a la empresa belga «un monopolio privado hasta 2081 sin ningún tipo de fundamento, violentando todo el ordenamiento jurídico».
La acusación, tramitada meses atrás, apuntó a una mayor responsabilidad a los negociadores y signatarios del acuerdo del 25 de febrero de 2021 al entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber; y al presidente de la Administración Nacional de Puerto (ANP), Juan Curbelo.
“Ellos tenían la obligación de recabar informes antes de que se firmara el acuerdo, y acá no existió informe de ningún departamento del Estado uruguayo», aseguró Carreras.
El fiscal Rodríguez ya envió un oficio a la ANP para que se le entregue, en un plazo de 10 días, toda la documentación que obre en los expedientes que sustentan el proceso de negociación entre el Gobierno y la empresa para que controle la terminal de contenedores.
Un reciente informe de abogados del Tribunal de Cuentas señala que dicho convenio “es objetable en cuanto a su regularidad jurídica, ya que no tuvo en cuenta la tutela del interés general y “configura una suerte de monopolio de hecho o monopolio natural”.
La fuerza política opositora criticó la falta de dictámenes previos de asesores jurídicos en un proceso realizado a espaldas del Poder Legislativo y desconocimiento de la opinión pública.
mgt/hr
Senadores
