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Exgobernante de Perú intenta desacreditar acusación por muertes

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Lima, 7 mar (Prensa Latina) El exgobernante de Perú Manuel Merino intentó hoy desacreditar la acusación de homicidio por omisión que le formula el Ministerio Público por la muerte de dos manifestantes bajo su efímero gobierno, en noviembre de 2020.
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El político conservador se pronunció sobre las graves acusaciones contra él y quienes eran su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y su titular del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, en la represión policial de las protestas.

Lo hizo en una sesión de la subcomisión del Congreso que debe decidir si aprueba o no la acusación presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Sostuvo que las investigaciones del ministerio público carecen de legitimidad porque los autores materiales de las muertes no han sido identificados, esto debido a la falta de colaboración de los mandos policiales, según trascendidos recogidos por la prensa.

Al negar su responsabilidad en la violenta represión que dejó también más de 70 heridos, varios de ellos de gravedad, Merino reclamó que no se hubiera investigado a los promotores de las marchas en su contra y a los supuestos azuzadores de la protesta, en gran medida espontánea y de extensión nacional.

Su defensa defendió la violenta represión policial y sostuvo que Sotelo y Pintado fueron víctimas de proyectiles provenientes de armas artesanales que habrían usado civiles, aunque un peritaje desmintió hace meses esa versión y determinó que fueron disparados por armas del tipo usado por la Policía.

El ex primer ministro Flores-Aráoz, a su vez, admitió que felicitó a la Policía por sus acciones represivas pero alegó que también le advirtió que actuará con respeto a los derechos humanos, además de alegar que tiene 80 años y es irracional que la fiscalía pida para él 30 años de prisión, al igual que para Merino y Rodríguez.

El exministro del Interior, Rodríguez, sostuvo que no conoció un informe de inteligencia que advertía el “Riesgo de escalamiento de la conflictividad social”, invocado por el fiscal Ramiro Gonzales como elemento que los ministros debieron tomar en cuenta para moderar las operaciones policiales.

Gonzales señaló el contexto de crisis política derivada en crisis social, ante la cual los acusados tenían el deber de tomar medidas para evitar las muertes, las que no adoptaron, por lo que tienen responsabilidad penal, según al legislación nacional y convenciones internacionales firmadas por Perú.

Merino accedió a la Presidencia como segundo en la jerarquía del Estado, después que el impopular Parlamento vacó (destituyó) al presidente Martín Vizcarra, y solo duró cinco días en el cargo, por el repudio popular en su contra.

msm/mrs

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