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Herencias no deseadas del presidente Sebastián Piñera

Santiago de Chile, 9 mar (Prensa Latina) La crisis migratoria en el norte y el conflicto en el sur donde vive el pueblo mapuche, son herencias no deseadas que deja el presidente chileno, Sebastián Piñera, señala un artículo publicado hoy aquí.

El análisis denuncia las políticas fallidas aplicadas por la administración saliente en esas áreas, con las cuales tendrá que lidiar el próximo gobernante, Gabriel Boric.

“El mandato de Piñera se desvanece sin luces, con una aprobación ciudadana por los suelos, con querellas por violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social (2019), sin legado político más allá de una buena gestión en el proceso vacunatorio para enfrentar la Covid-19”, advierte el trabajo publicado en el diario digital El Mostrador.

Según una encuesta realizada por Plaza Pública Cadem, el presidente finaliza su período con la menor aprobación para un gobierno desde el retorno a la democracia en 1990.

De acuerdo con el sondeo, 71 por ciento de la ciudadanía desaprueba su gestión y solo 24 por ciento la avala.

Respecto a la entrada descontrolada de migrantes por el norte, El Mostrador advierte que la profundización de este fenómeno se dio por no haber generado estrategias de prevención y una solución a largo plazo.

La publicación recuerda también el viaje de Piñera a Cúcuta, Colombia, cuando participó en un evento contra Venezuela, hizo un llamado de acogimiento a la población venezolana y se estableció la visa de responsabilidad democrática.

“Hasta ahora, no existe especialista en relaciones exteriores que no haya catalogado el episodio como uno de los más vergonzosos de la historia diplomática del país y que no lo haya ligado a un aumento de la inmigración ilegal”, señala el sitio digital.

Sobre la situación en la llamada Macrozona Sur, donde el pueblo mapuche reclama la devolución de tierras ancestrales y se han registrado episodios de violencia, el artículo afirma que las medidas adoptadas en esa región solo llevaron a recrudecer el conflicto.

La actual administración, más que intentar resolver el tema de fondo, trató de encasillarlo meramente en el ámbito delictivo, instalando el concepto de narcoterrorismo, señaló.

Desde el año pasado el gobierno decidió imponer allí un estado de excepción y el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las operaciones policiales, medida rechazada por las comunidades indígenas.

En varios de sus discursos, Boric prometió priorizar el diálogo y no la militarización para resolver los problemas en ese territorio.

Sin embargo, la próxima ministra del Interior, Izkia Siches, generó dudas cuando en recientes declaraciones aseguró que espera no utilizar el estado de excepción durante su mandato, pero “nada está escrito en piedra”.

jcm/car

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