Aprobada en 2003 de manera temporal y desde entonces renovada cada seis meses, la llamada Ley de Ciudadanía prohíbe la concesión automática de ese derecho a palestinos que se casen con nacionales.
Es una norma racista, “miles de personas que viven dentro del país y no dañan su seguridad, viven sin derechos básicos y sin capacidad de trabajo por culpa de esta cruel ley”, escribió en Twitter el diputado Ayman Odeh, líder de la Lista Conjunta, una coalición de pequeños partidos árabes y de izquierda.
En similar sentido se pronunció su colega del hemiciclo Aida Touma-Sliman, quien consideró que esa iniciativa es una muestra del régimen de Apartheid imperante.
La legisladora criticó con dureza a los partidos Meretz (pacifista) y Raam (árabe), ambos integrantes de la alianza de Gobierno, que votaron en contra del proyecto.
Si eres parte de la coalición y del Ejecutivo, eres responsable de todas las decisiones, apuntó Touma-Sliman.
El también legislador Esawi Frej estimó que esa normativa es inmoral, antidemocrática y antijudía.
“No es una ley de ciudadanía, sino una ley de estatus que priva de estatus y derechos básicos a miles de personas a las que el estado les ha permitido entrar, pero no les permite vivir”, denunció Frej en esa red social.
La alianza gubernamental, que controla 61 de los 120 escaños de la Knesset, está integrada por ocho formaciones de diversas tendencias ideológicas que van desde islamistas e izquierda hasta la ultraderecha, unidos por su rechazo a la vuelta al poder del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.
Aunque Meretz y Raam rechazaron la iniciativa, la ultraderecha opositora (entre ellos el partido Likud, dirigido por Netanyahu) dio sus votos para aprobarla.
La reunificación familiar permite a un israelí solicitar la ciudadanía para su cónyuge extranjero.
La mayoría de estas son enviadas por árabes-israelíes, que suman casi 1,9 millones, en nombre de un cónyuge palestino que vive en Cisjordania o la franja de Gaza.
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