La Asociación de Magistrados (AMU) expresó preocupación ante el intento del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de presionar indebidamente en un caso que involucra a dos policías.
Ambos fueron imputados por la muerte de un joven de 20 años, quien viajaba en su moto en agosto de 2020, cuando eludió un control policial, y al ser perseguido por los efectivos perdió el control de su vehículo e impactó contra un árbol.
Heber se presentó en el juzgado del departamento de Durazno donde se inició la audiencia procesal y a la salida declaró a la prensa que asistió a una “formalización que no entiende” y además era “un mal mensaje a la Policía”.
A la crítica de AMU de que tales pronunciamientos pueden representar un intento de presión indebida a la jueza actuante”, se sumó el Colegio de Abogados, por entenderlo “una injerencia de cualquier poder del Estado sobre otro”.
La gremial reivindicó en una declaración el derecho de los colegas de trabajar en un ambiente respetuoso y sin presiones, y asimismo, que no solo es un derecho del juez, sino una obligación que se debe cumplir a conciencia.
Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) cuestionó al gobierno por minimizar el abuso policial y la tendencia a desestimar la seriedad de las denuncias o dar una explicación que es como una “contraversión”.
Su presidente Wilder Tayler, opinó que la Ley de Urgente Consideración contiene “un paquete de medidas que todas juntas significan un debilitamiento de garantías”.
Con anterioridad el Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) de la Inddhh identificó abuso policial, amenazas y allanamiento ilegal propiciados por la cuestionada LUC.
Para ello se basó en una denuncia de la Asociación de Defensores Públicos (Adepu) de un total de 102 situaciones en 2020 y 2021 de las cuales catalogaron 62 de abuso policial en la que se “se considera el uso excesivo de la fuerza en los procedimientos tanto en la detención como en momentos posteriores”.
En tanto, la Comisión Nacional por el referendo revocatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay reivindicó hoy su carácter social y ciudadano ante el propósito gubernamental de reducirlo a contienda de partidos.
A este respecto recordó que agrupa a cooperativistas, estudiantes, jubilados, trabajadores de las más diversas procedencias partidarias, que se propusieron dar a conocer sus razones para derogar dichos artículos en la consulta del 27 de marzo.
“Partimos de la base de que la LUC fue presentada y aprobada a espaldas del pueblo uruguayo, en tiempos récords y sin la posibilidad de que la ciudadanía conociera su contenido y se informara sobre sus consecuencias”, reitera en un comunicado.
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