El 13 de marzo de 2020, el presidente Alejandro Giammattei anunciaba en cadena nacional la entrada aquí del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, identificado en un pasajero proveniente de Madrid, España, luego de un viaje por Europa. Desde entonces y hasta la fecha, el tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) registró 804 mil 709 casos y 17 mil 144 fallecidos confirmados con pruebas positivas, esta última cifra la más alta de Centroamérica.
Recién instaurado el Gobierno de Giammattei (14 de enero de 2020), la Covid-19 no le dio respiro y el 17 de marzo anunció el cierre de las fronteras, la paralización del recién iniciado curso escolar y sucesivos toques de queda, entre otras medidas extendidas hasta septiembre de 2021, cuando comenzó la apertura parcial de la economía en plena crisis.
La primera escalada de casos comenzó en mayo de 2020 y tuvo su pico máximo a principios de julio, con un promedio de mil 200 infectados diarios registrados oficialmente, una cantidad casi insignificante en relación con los reportes a nivel mundial, pero suficiente para hacer estallar el depauperado sistema de Salud Pública de esta nación.
Una segunda ola alcanzó su punto máximo en los primeros días de enero de 2021, pero la tercera puso en jaque a médicos y hospitales ante un incremento de los contagios desde mediados de abril hasta finales de agosto, con un máximo de tres mil 800 nuevos positivos, debido, en mayor parte, a la variante Delta del coronavirus.
A la fecha, la cuarta ola, iniciada en enero de 2022 y caracterizada por el predominio de Ómicron, continúa haciendo estragos, aunque menores por el impacto de la vacunación a pesar de los cuestionamientos al Gobierno por el mal manejo de la pandemia y el uso de los recursos para su enfrentamiento.
Un reciente estudio del independiente Laboratorio de Datos GT, Oxfam Guatemala y Paraíso Desigual revela los costos humanos, sociales y económicos del fenómeno.
En su informe Desigualdad y vacunas, la fuente afirma que «si bien las autoridades guatemaltecas presumen del país menos afectado en sus cifras macroeconómicas en toda Latinoamérica, este hecho enmascara las enormes repercusiones negativas de una pandemia mal manejada y la falta de medidas efectivas para atender las crisis».
En particular, para miles de hogares y sectores de la economía real como el campo, turismo, hotelería, restaurantes, micro, pequeñas y medianas empresas y sector informal.
Laboratorio menciona entre las lecciones derivadas de la Covid-19 aún sin aprender, el hecho de que este nación no estaba lista para enfrentar una catástrofe sanitaria, menos una de alcance global, y todavía sigue en la misma posición.
Entre las causas de la pobre capacidad de respuesta del Mspas, menciona fallos sistémicos de carácter histórico como una débil capacidad política, técnica y legal para ejercer su rol de rectoría y regulación sobre el sector salud; un financiamiento público insuficiente, un predominio del gasto privado del bolsillo de la población y una pobre oferta de atención primaria en salud.
Asimismo, el abandono de funciones esenciales de Salud Pública y el énfasis como agente de compras a proveedores privados y el impacto de la corrupción y el tráfico de influencias.
Otro tema polémico del estudio apunta al Programa Nacional de Vacunación antiCovid-19, que el 25 de febrero cumplió un año con solo el 32,1 por ciento del total de la población con el esquema de dos dosis y una marcada diferencia entre áreas urbanas y rurales.
«Teniendo recursos, Guatemala vacunó fundamentalmente con donaciones», resalta el documento, que califica este proceso como lento y marcado por la inequidad ante la ausencia de una campaña comunicacional pertinente en áreas rurales y de población indígena.
La vulnerabilidad de la población ya era alta antes de la pandemia y con esta se amplificó y profundizó, apunta Laboratorio, porque los programas no tuvieron continuidad, a pesar de que la Covid-19 sigue muy presente en las familias.
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