Al mismo tiempo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) anunció el cuarto proceso sancionador contra Repsol, esta vez por dar información falsa sobre el derrame del 15 de enero pasado, considerado la peor catástrofe ambiental sufrida en el país.
El impedimento de viaje al exterior por 15 meses fue aplicado por un Juzgado de Investigación Preparatoria de la zona de costa más afectada por el derrame y afecta a los ejecutivos de la refinería La Pampilla, de Repsol, Carlos Paiva, Sebastián Guzmán, José Marín y Roberto Wong.
La corte accedió al pedido del fiscal Ariel Tapia, quien señaló a los arraigados por sus funciones relacionadas con el mantenimiento del Terminal de la refinería La Pampilla, de Repsol, en el cual se registró el derrame durante una descarga de crudo, por lo que son indagados por el delito de contaminación ambiental.
De otro lado, la OEFA inició un nuevo proceso sancionador contra la filial de Repsol al que corresponde una multa que puede llegar a mil unidades tributarias, equivalentes a cerca de un millón 300 mil dólares, por dar información falsa sobre la magnitud del derrame.
El informe precisa que la empresa reportó un derrame de menos de la quinta parte de un barril de crudo y una afectación de apenas 2,5 metros cuadrados.
En realidad hasta la fecha la OEFA confirmó más de 10 mil barriles derramados y un daño mucho mayor en playas, acantilados, aguas y fondos marinos.
Con anterioridad, el organismo inició tres procesos similares contra la transnacional por incumplir las obligaciones de identificar las zonas afectadas, limpiarlas y contener el derrame y recuperar lo derramado.
Esas infracciones ameritan multas por un total de cerca de 15 millones de dólares, indicó el organismo ambiental peruano.
Además, autoridades ambientales, expertos en la materia y pescadores perjudicados exigen que Repsol se haga cargo del daño causado correspondiente a al menos una década que demandará la recuperación de fondos marinos y aguas afectadas.
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