“Hemos llegado a establecer aproximadamente 76 procesos penales y más de 800 casos de irresponsabilidad disciplinaria”, aseguró el magistrado.
Molina afirmó en entrevista al canal Bolivia TV que la investigación de más de mil expedientes en todo el país se realizó en cumplimiento de una instrucción de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio creada por indicaciones del presidente, Luis Arce.
Describió que una primera intervención de los juzgados tuvo como resultado el inicio de procesos penales contra tres jueces en La Paz, uno en Chuquisaca y otro en Santa Cruz.
Reiteró la palabra “intervención” al explicar que es la primera realizada en 23 años del Consejo de la Magistratura e insistió en que se trataba de un trabajo necesario.
El funcionario de alta jerarquía judicial aclaró que con esa investigación no se pretendía perseguir ni acosar a los administradores de justicia, sino hacer más transparente la labor de los profesionales del sector.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por su parte, informó que la recaptura de 10 reos liberados por autoridades corruptas y nueve jueces procesados es el resultado de la Comisión Revisora de Casos de Violación y Feminicidio tras su labor de un mes.
“Qué se tiene?, 10 personas que han sido beneficiadas ilegalmente por malos jueces (…); dos en caso de feminicidio, dos en caso de violaciones y seis personas sentenciadas por el delito de asesinato, antes de la tipificación de feminicidio”, afirmó la responsable de esa área adscrita a la cartera de la Presidencia.
Alcón significó que ese comité creado por instrucciones presidenciales observó en poco más de 30 días 35 expedientes y obtuvo resultados en favor de la justicia y las mujeres víctimas.
Así mismo, realizó planteamientos respecto a algunas normativas como la modificación del Código Penal.
Destacó que a partir de la coordinación entre los distintos órganos estatales se busca cambiar esa estructura corrupta que facilita desde la misma justicia la liberación de criminales.
Describió que se estableció la modificación de normativas, convenios, la priorización de causas, el comienzo del trabajo con el Observatorio de Justicia y Género, así como con otras instituciones para avanzar en la solución de esta problemática.
Con el objetivo de identificar irregularidades y sancionar a los responsables, la Comisión Revisora de Casos de Violación y Feminicidio está integrada por 16 instancias del Estado y tiene entre sus líderes a siete mujeres, se informó.
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