“Son muchos los países y las entidades que están clamando por la verdadera investigación (del derrocamiento del expresidente Evo Morales), y eso nos ayuda; no dependemos de esta investigación en Estados Unidos, no dependemos tampoco de ningún otro país”, aseguró el representante permanente en el organismo regional.
Arce admitió que la pesquisa ordenada por el Departamento de Estado se ve con expectativas, sin embargo, aclaró que se trata de una conciencia del contexto internacional que la parte boliviana siente en el Consejo Permanente de la OEA y en la Asamblea General.
El exministro de Justicia del derrocado Gobierno de Morales intervino acerca del tema en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta del diario boliviano La Razón.
Confesó durante su intervención que remitió, infructuosamente, 10 peticiones sobre los detalles de la auditoría realizada por la OEA acerca de los comicios del 20 de octubre de 2019, ganados por el Movimiento al Socialismo y su candidato presidencial de entonces.
En relación con la pesquisa que llevará a cabo el Departamento de Estado de Washington explicó que se debe a un pedido del Congreso por iniciativas de legisladores demócratas, y en especial de Berny Sanders, a quien se refirió como “uno de los decanos del Senado”.
Agregó que esa petición guarda relación con al menos seis investigaciones independientes realizadas por importantes universidades y centros de estudios que contradicen y “desbaratan” el reporte rubricado por Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Ese documento oficial afirma que por parte del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia “hubo una manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que imposibilitan validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades correspondientes.
Además de que la capital norteamericana es la sede permanente de la OEA, Estados Unidos es el mayor contribuyente financiero a su presupuesto y a eso se añade la proximidad de las elecciones congresionales.
En este contexto, los legisladores argumentan que el dinero de los contribuyentes de su país no puede estar pagando acciones del organismo que atenten contra la democracia.
Desde 2020 ante las denuncias contra Almagro y la OEA como catalizadores del golpe de Estado por parte de políticos, medios periodísticos e instituciones investigadoras, México y Argentina pidieron una revisión de la mencionada auditoría del organismo regional.
Sin embargo, la Secretaría General no dio ningún paso en esa dirección.
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