No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por plata”, escribió en un tuit el líder del Movimiento al Socialismo.
El primer exmandatario indígena del país aseguró en su cuenta de Twitter que nunca pidió indemnización y añadió sentirse sorprendido de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recién publique una sentencia, en la cual él siempre supo que debía quedar ratificado su derecho a la postulación.
La víspera, el presidente del TCP, Paul Franco, informó que ese órgano de justicia consideró inconstitucional la inhabilitación de Morales en los comicios realizados en octubre de 2020.
Esa candidatura a senador por el departamento de Cochabamba la negó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual argumentó que el exgobernante incumplía con el requisito constitucional de la residencia permanente porque disfrutaba de asilo político en México y luego buscó refugio en Argentina.
Con posterioridad, un juzgado de justicia negó el recurso de apelación, por lo que Morales acudió al TCP, a través de su abogado y actual procurador, Wilfredo Chávez.
La reclamación tuvo como base la vulneración de sus “derechos fundamentales y garantías constitucionales”, al dejarlo fuera de la contienda electoral.
Al respecto, el TCP dictaminó que no correspondía la inhabilitación de Morales ya que el exmandatario, en 2020, tenía la condición de refugiado político, y además ordenó la indemnización económica por daños civiles y judiciales.
Según Franco, el monto lo establecerá la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia.
En la sentencia publicada este jueves se explica que el monto de la indemnización se definirá de acuerdo con los parámetros de los gastos judiciales realizados por Morales, así como el daño emergente en desmedro del líder del Movimiento al Socialismo.
El TCP es la institución que ejerce el control de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías individuales en Bolivia.
Al comentar en la red social el desenlace de su reclamación legal, el dirigente cocalero de origen indígena sostuvo que una vez más el tiempo y la historia le dieron la razón.
“En enero de 2002, fuimos expulsados del Congreso por orden de la #DEA y la embajada de #EEUU. Pero meses después volvimos con 27 diputados y ocho senadores. El pueblo nos devolvió el curul con su voto democrático”, recordó Morales.
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