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Acusan a exministro de tráfico ilegal de tierras en Bolivia

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La Paz, 21 mar (Prensa Latina) El exministro de Economía del Gobierno de facto Branko Marinkovic se adueñó de 34 millones de hectáreas indígenas en 2020 y será objeto de una demanda penal, aseguró hoy un representante de la parte acusadora.
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“Las tierras saneadas (ocupadas) ilegalmente por Branko Marinkovic deben ser revertidas a los pueblos indígenas originarios”, aseguró ante representantes de medios periodísticos Martín Chacollo, ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Chacollo afirmó que sobre la base de toda la información disponible, la Conamaq establecerá la querella esta semana.

Insistió en que Marinkovic y otros individuos vinculados al golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el expresidente Evo Morales aprovecharon la fractura del orden constitucional para adueñarse de esa extensión de terreno.

Reiteró Chacollo que por la vía judicial reclamarán que esas tierras sean “revertidas a los pueblos indígenas”.

El ejecutivo de la Conamaq enfatizó en que exigirán un seguimiento de este proceso.

A finales de octubre de 2020, pocos días antes de la conclusión del Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió el Título Ejecutorial Individual MPENAL 0006124 a favor de la familia Marinkovic.

Esa decisión se realizó bajo la representatividad legal de la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón.

Sin embargo, tras el triunfo electoral del Movimiento al Socialismo y el rescate de la democracia, con Luis Arce como presidente del país a partir de noviembre de 2020, el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, alertó sobre ese fraude.

De acuerdo con documentos hallados y publicados por Colque, la prueba indiscutible del tráfico de los terrenos es que, originalmente, los Marinkovic pedían la titulación de 21 mil 838 hectáreas, y el INRA les confirió esa misma extensión.

Fundada hace 24 años, la Conamaq presentó este domingo un proyecto de modificación a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, con el objetivo de lograr la igualdad jerárquica entre la jurisdicción indígena originario campesina y las otras, como establece el artículo 179 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

mgt/jpm

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