El Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, una administración en la sombra de funcionarios depuestos en el golpe de Estado de febrero pasado, prepara casos contra varias figuras militares, desde comandantes de campo hasta el líder de la junta, el general en jefe Min Aung Hlaing.
Tun-Aung Shwe, representante del Gobierno paralelo en Australia, dijo a The Sydney Morning Herald y The Age que había contratado al bufete de abogados Gilbert+Tobin para llevar los casos ante la fiscalía general australiana.
Dichos procesamientos, que se perseguirían en Australia bajo jurisdicción universal, necesitan la aprobación del oficial de justicia más importante del país para proceder, pero Shwe argumenta que la evidencia de las atrocidades es demasiado convincente para ignorarla.
La medida permite que las personas sospechosas de cometer crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y otras atrocidades de guerra sean juzgadas bajo la ley nacional incluso si los presuntos actos no tuvieron lugar en suelo australiano.
El funcionario explicó que los casos girarían en torno a asesinatos en masa en el estado de Kayah (este) y en la región de Sagaing (noroeste), así como operaciones de limpieza por motivos étnicos o religiosos en el estado occidental de Chin, en las que civiles fueron atacados y pueblos quemados.
Entre ellos se encuentra la masacre de Nochebuena del año pasado en el municipio de Hpruso de Kayah, en la que al menos 35 personas fueron baleadas e incineradas en sus automóviles.
Según las investigaciones realizadas, entre las víctimas se encontraban dos miembros del personal de la organización humanitaria Save the Children.
La ONU publicó la semana pasada un informe en el cual declara que “la amplitud y escala espantosas de las violaciones” podrían equivaler a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Según Shwe, los casos se están presentando contra los comandantes de campo en las regiones donde ocurrieron las atrocidades, y aquellos que se considera tienen la responsabilidad general por su conducta, como Hlaing.
La firma Gilbert+Tobin señaló que su papel sería preparar un informe para tratar de persuadir a la fiscalía federal para que actúe.
Un tribunal en Argentina aprobó el año pasado una investigación sobre las atrocidades perpetradas por el ejército de Myanmar contra la minoría étnica rohingya en 2017.
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