Chero dijo que la determinación se tomará cuando el TC haga pública la sentencia y esta pueda analizarse, pues la semana pasada la máxima corte solo anunció el fallo final, en una votación dividida, a un habeas corpus a favor del restablecimiento del indulto, anulado por ilegal por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
Sobre los alegatos de partidarios de Fujimori y de otros sectores derechistas, de que el fallo del TC es definitivo y debe aplicarse, el ministro de Justicia y Derechos Humanos anotó que la justicia internacional, a la que está adscrito el Estado peruano, tiene la facultad de ejercer control de convencionalidad de la polémica sentencia.
Tal concepto está referido a que se cumplan los parámetros jurídicos internacionales reconocidos por Perú, que prohiben indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad, como Fujimori, quien gobernó con mano dura entre 1990 y 2000.
El ministro descartó también la posibilidad de que los abogados de Fujimori puedan intervenir en el informe que el Estado peruano debe presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pedido de esta, sobre el cumplimiento de la sentencia a Fujimori por crímenes de lesa humanidad.
Precisó que el Procurador General es el único representante del país habilitado para ejercer acciones legales en nombre del Estado.
De otro lado el exjuez de la CIDH Diego García-Sayán cuestionó el argumento fujimorista de que el TC tomó la decisión por el estado de salud del condenado a 25 años de cárcel, de los que ha cumplido 15.
“Si esa fuera la línea de razonamiento del TC y se hubiera valorado la salud de Fujimori (lo que no hizo la corte), tendríamos un problema constitucional, porque la facultad de otorgar un indulto corresponde al presidente de la República”, dijo.
El excanciller y exministro de Justicia y Derechos Humanos calificó como precipitado el fallo del TC y dijo que este se ha atribuido la facultad de indultar, que es atribución presidencial.
Si más de dos años después de anulado el indulto originalmente decretado en diciembre de 2017, el TC hubiera evaluado la salud del preso podría dictaminar que el Gobierno vuelva a analizar el tema, “pero bajo ninguna circunstancia puede disponer el indulto”.
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