El portal del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) indica que Antonio Eduardo de Oliveira, secretario ejecutivo de la entidad, alertó en ese foro que la parálisis de la demarcación de las tierras nativas representa un vector para todas las demás violaciones en curso.
Al contrario de lo que se esperaba, la pandemia de Covid-19 no impidió que garimpeiros (buscadores de metales preciosos), leñadores y otros invasores volvieran a intensificar sus asaltos a los dominios originarios.
En 2020, «aumentaron las invasiones y la explotación ilegal de recursos naturales en territorios nativos, principalmente por parte de madereros y mineros, afectando al menos a 201 tierras indígenas en Brasil», señaló De Oiveira.
Se trata de un quinto incremento consecutivo registrado en los casos de invasiones posesivas, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio.
De acuerdo con el Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil-Datos 2020, el segundo año de gobierno de Jair Bolsonaro representó para los aborígenes la continuación y profundización de un escenario extremadamente preocupante.
En tal sentido, respecto a sus derechos, territorios y vidas, especialmente afectados por la Covid-19.
La cifra de asesinatos de indígenas ese mismo año «alcanzó los 113 casos», denunció el secretario ejecutivo del CIMI ante el CDH.
El número de muertes fue aún mayor por la mala gestión, desinformación y negligencia del Gobierno federal a la hora de afrontar la pandemia, refiere el sitio.
Advierte que, con frecuencia y en varios territorios, el patógeno cegó la vida de los ancianos, guardianes de la cultura, la historia y el conocimiento de sus pueblos, lo que representa una pérdida cultural sin dimensiones.
Los nativos y sus organizaciones denunciaron el aumento de las invasiones y la gravedad de estos enfrentamientos.
Para el CIMI, la política antiindígena del Gobierno federal agravó este escenario impuesto a los pueblos originarios de Brasil, incluidos los indígenas libres o en aislamiento voluntario.
A través de decretos, instrucciones normativas y proyectos de ley se usurparon los derechos de las comunidades, poniendo en riesgo sus territorios y formas de vida.
Tal situación se agrava con el proyecto de ley 191/2020, que autoriza la minería en tierras indígenas y que será considerado por el Congreso con carácter de urgencia, comunicó el secretario en una quinta acción del CIMI durante el 49 período de sesiones del CDH. «Pedimos a este Consejo que tome medidas urgentes para prohibir estas atrocidades que se cometen contra los pueblos indígenas en Brasil», concluyó De Oliveira.
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