En carta abierta consideraron inconveniente ampliar las medidas punitivas ya establecidas, lo que criticaron por “un agravamiento que no contribuye con las medidas socioeducativas al establecer la cárcel para los adolescentes infractores”.
Agregaron que dada la experiencia profesional “quienes transgreden los límites de la convivencia en sociedad y realizan actos delictivos de diferente magnitud, tuvieron una niñez muy difícil, con violencia, y situaciones traumáticas de distinta índole”.
El documento difundido alude a cinco artículos específicos dentro de los 135 a someter a referendo derogatorio el próximo domingo 27 de marzo.
Advirtieron que cuando los adolescentes delinquen “la situación psicoemocional es tan grave que los intentos de autoeliminación y suicidios en esta población son muy frecuentes”.
Para los profesionales «estas medidas no favorecen la buena reinserción de estos jóvenes y su desarrollo pleno como ciudadanos si el tiempo que están presos se extiende, se restringe el régimen de semilibertad que permite actividades con la familia y la comunidad, la salida anticipada se niega, y los antecedentes permanecerán accesibles”.
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