“El compromiso del Gobierno es contribuir de manera propositiva, que en dos años que evaluemos sea de ganancia, de éxito, de consolidación de Derechos Humanos”, afirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Valoró de positivo la reciente rúbrica en esta ciudad de un acuerdo válido por un bienio con una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Este equipo investigó la violencia desatada en la nación andino-amazónica durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales y tras la imposición del Gobierno de facto en 2019.
Según Lima, el objetivo de la instalación del Meseg-Bolivia es dar celeridad y transparencia a la implementación de las recomendaciones del GIEI, publicadas el 17 de agosto de 2021, luego de varios meses de pesquisas irrestrictas.
Los expertos del GIEI calificaron de masacres los hechos sangrientos de 2019, denunciaron además que en Bolivia ocurrieron ejecuciones sumarias y graves violaciones de los derechos humanos por órdenes del ejecutivo encabezado por Jeanine Áñez (noviembre de 2019-noviembre de 2020).
“Es un momento de consolidación de lo que hemos llamado memoria, verdad y justicia», sostuvo Lima en referencia a la firma del documento que normará la labor de seguimiento.
Recordó que el presidente, Luis Arce, cuando recibió el informe del GIEI en 2021 asumió un compromiso con el país de dar cumplimiento a todas sus recomendaciones, y lo que ocurre ahora es parte de esa responsabilidad.
Varias de esas encomiendas ya fueron satisfechas, como la entrega de un monto económico a los familiares de los fallecidos en las masacres, la disposición de un fideicomiso, inserción laboral, entrega de becas de estudio, bono alimentario y cancelación de gastos médicos.
Asimismo, la institución pública descentralizada Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) ya fue desvinculada de la cartera de Justicia.
El titular confirmó que otras sugerencias como la construcción de la casa de la memoria y el desarrollo de un debate nacional contra el racismo y la discriminación se encuentran en proceso.
Lima comentó que constituye un clamor del pueblo boliviano conocer la verdad histórica de los hechos, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes por hechos que dejaron luto y dolor entre las familias.
Enfatizó el ministro en que se brindarán todas las facilidades y el respeto irrestricto al trabajo del Meseg-Bolivia, tal como ocurrió con el GIEI.
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