El lunes una jueza federal en Miami falló contra las líneas de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC que, según su declaración, realizaron operaciones turísticas a Cuba, prohibidas por la legislación estadounidense entre 2015-2019.
En su sentencia, la magistrada Beth Bloom afirmó que, aunque a esas compañías el gobierno federal les dio licencias para llevar a los nacionales a Cuba, no les estaba permitido utilizarlas para el turismo.
Además, exigió compensar a los descendientes de un empresario estadounidense por utilizar una terminal de La Habana que “fue confiscada tras la Revolución cubana por los viajes realizados fuera de las categorías permitidas por la ley”.
El turismo es uno de los sectores más afectados por el cerco unilateral que por más de seis décadas impone Washington en su estrategia de asfixia económica a la isla.
Tal política se recrudeció durante el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), quien adoptó 243 medidas coercitivas aún vigentes con Joe Biden.
Entre mayo y junio de 2019, Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton (promulgada en 1996 por el demócrata William Clinton) que refuerza el carácter extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero y anunció restricciones que provocaron la eliminación de Cuba de las escalas para los cruceros.
La activación de ese Título permitiría a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que –a criterio de Washington-realizara actividades comerciales o se beneficiara de propiedades confiscadas por el Gobierno de Cuba.
En respuesta, el 24 de diciembre de 1996 la nación antillana promulgó la Ley No. 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana, que declaró a la Helms-Burton ilícita, inaplicable y sin efecto legal alguno.
Basado en los principios de la Ley No.80, las autoridades cubanas advirtieron que ninguna ley extranjera impedirá la utilización en beneficio de su pueblo de las propiedades que en su momento fueron nacionalizadas mediante ordenanzas que guardaron total apego a las normas del derecho internacional.
Solo entre abril de 2019 y marzo de 2020 esa persecución causó pérdidas a Cuba ascendentes a mil 888 millones 386 mil 675 dólares, en esferas relacionadas con los viajes, servicios, operaciones y aseguramientos logísticos, de acuerdo con cifras oficiales.
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