Los cuerpos sin vida de los coordinadores de MSF María Hernández (España) y Yohannes Halefom Reda, más el del cooperante Tedros Gebremariam Gebremichael, los dos últimos etíopes, fueron encontrados el 25 de junio de 2021.
Un reportaje de The New York Times (17 de marzo), que cita a soldados del ejército federal, atribuye el atentado a la institución armada y desde entonces representantes de la organización médica y humanitaria internacional exigen una respuesta a la denuncia.
Esa publicación divulgó una historia sin realizar una investigación exhaustiva del incidente, los soldados etíopes citados estaban cautivos del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y pudieron sufrir coacciones, declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Dina Mufti.
Nuestro gobierno lamentó la muerte de los empleados de MSF, si bien explicó que debieron pedir escolta militar para transitar por la zona, como le orientaron a todos los trabajadores de las organizaciones desplegadas en el país, recordó Mufti durante una conferencia de prensa.
También, explicó, fue establecido “un grupo de investigación integrado por miembros de la Fuerza de Defensa Nacional, la Policía Federal y el ministerio de Justicia, para seguir investigando el caso, pero no fue posible concluirlo precisamente porque el Frente tenía el área bajo su control”.
Médicos Sin Fronteras perdió contacto con el grupo el jueves 24 de junio y, tras confirmarse el crimen, el gobierno provisional de Tigray lo condenó y acusó al TPLF (siglas en inglés) de perpetrarlo.
Hasta ahora no hay siquiera un dictamen preliminar acerca del hecho y tampoco el Frente reconoció su supuesta responsabilidad.
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