El fiscal Ramiro González, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó los argumentos y hechos que justifican los cargos, en una sesión reservada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.
El acto dio inicio al procedimiento establecido para que el Legislativo autorice el juzgamiento de expresidentes imputados, como Vizcarra.
El alegato del fiscal abordó el caso de la contratación del cantante Richard Cisneros como consultor del Ministerio de Cultura, por recomendación del presidente, pese a que carecía de calificaciones.
El proceso incluye también a las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, que contrataron a Cisneros como consultor temporal en varias oportunidades.
Vizcarra tiene también pendiente el juicio por una acusación de empresarios que afirman que le pagaron sobornos por contratos para obras públicas en la sureña región de Moquegua, cuando el exmandatario era gobernador de ese territorio.
Las citadas imputaciones dieron lugar a que el Parlamento vacase (destituyese) en noviembre de 2020 a Vizcarra, quien era vicepresidente y asumió la presidencia, en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por un escándalo de corrupción.
De otro lado, el Poder Judicial anunció para el lunes próximo una nueva audiencia del juicio por lavado de activos con fondos electorales recibidos ocultamente de la empresa brasileña Odebrecht, contra el expresidente (2011-16) Ollanta Humala, su esposa, Nadine Heredia, y otros siete imputados.
Además, sigue pendiente la extradición desde Estados Unidos, del exgobernante neoliberal Alejandro Toledo, para su juzgamiento por recibir sobornos por más de 30 millones de dólares de empresas brasileñas y por lavado de activos.
El expresidente Kuczynski es investigado bajo detención domiciliaria por negocios indebidos realizados bajo el gobierno de Toledo, del que fue primer ministro y titular de Economía.
Otro expresidente, Alan García (1985-90 y 2006-11), se suicidó en abril de 2019 cuando estaba a punto de ser detenido por cargos de corrupción.
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