El relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, criticó el “sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700 mil colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania”.
Al presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Lynk destacó que en la Margen Occidental más de tres millones de palestinos están separado por muros, puestos de control y una amplia presencia militar.
Otros dos millones viven en la franja de Gaza, descrita habitualmente como una prisión al aire libre, sin acceso adecuado a la electricidad, el agua o la sanidad, y con una economía colapsada, subrayó.
El experto estimó que un régimen político que antepone “de forma tan intencionada y clara los derechos políticos, legales y sociales fundamentales” de un grupo por encima de otro “dentro de la misma zona geográfica en base a su identidad racial-nacional-étnica se ajusta a la definición legal internacional del apartheid”.
Lamentablemente, el apartheid no es un fenómeno confinado a los libros de historia de Sudáfrica, manifestó Lynk, quien recordó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera ese sistema un crimen contra la humanidad.
El objetivo de Tel Aviv es perpetuar los hechos sobre el terreno, con el fin de diseñar, desde un punto de vista demográfico, “una reivindicación permanente, e ilegal, de la soberanía israelí sobre los territorios ocupados, mientras se confina a los palestinos en reservas más pequeñas de tierra desconectada”, afirmó.
Lynk explicó que para impulsar esa estrategia las autoridades de ese país comenten a diario actos inhumanos, entre los que citó las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, la tortura, la negación de derechos fundamentales, los castigos colectivos, un sistema judicial militar abusivo y las demoliciones de viviendas.
El relator especial aseguró que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad por la situación en los territorios ocupados.
El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU critican sistemáticamente a Israel por desafiar sus resoluciones, pero nunca ocurrió una rendición de cuentas, subrayó.
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