El conflicto comenzó semanas atrás, cuando pobladores de 10 comunidades bloquearon el paso de los camiones recolectores como medida de presión contra la comuna, a la cual exigen derogar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y una serie de cobros de arbitrios y tasas.
Debido al cierre, el caos ambiental impera en la ciudad cabecera de Quetzaltenango, la segunda en importancia del país, ante la acumulación de desperdicios en las calles, donde a diario se generan unas 250 toneladas.
La víspera trascendió que autoridades de Quetzaltenango aprobaron el envío de unos 100 agentes policiales y el desalojo de la ruta, si no se llega a un acuerdo en las próximas horas para instalar una mesa de diálogo.
Autoridades ediles acudieron al Congreso el jueves último y se reunieron con representantes del Ministerio de Gobernación, a quienes solicitaron apoyo de las fuerzas de seguridad para abrir el paso a los camiones del tren de aseo.
Sin embargo, este sábado cientos de vecinos permanecen sentados en la vía a la espera de los uniformados para impedirles la entrada, según reportó la televisora local Guatevisión.
De acuerdo con la fuente, hubo ayer un acercamiento con los inconformes y se les sugirió establecer conversaciones con la municipalidad, pero hasta ahora sin respuesta.
Los pobladores de las comunidades en Quetzaltenango exigen al alcalde Juan Fernando López que cumpla con la promesa de campaña de derogar el POT; sin embargo, este se encuentra de vacaciones por una intervención quirúrgica y retomará sus actividades el 20 de abril, dio a conocer la alcaldesa en funciones Katia Minera.
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