El mandatario anunció en días pasados que asistirá a la sesión del congreso, aunque sus detractores lo dudan -dos semanas antes rechazó las acusaciones ante el pleno legislativo – y no está obligado a comparecer pues, según el procedimiento, basta con que su abogado lo defienda de las acusaciones invocadas para vacarlo.
Esas imputaciones incluyen acusaciones de corrupción en su entorno que podrían comprometerlo, nombramientos ministeriales desacertados y presuntas mentiras ante fiscales que lo interrogaron como testigo de los casos que afectan a cercanos colaboradores.
La lista incluye una acusación de “traición a la patria” por declaraciones de Castillo de simpatía con Bolivia y su demanda de una salida al mar, motivo además de un proceso parlamentario paralelo que busca el mismo objetivo, en más tiempo, de sacar a Castillo del palacio de Gobierno.
A lo largo de la semana, el presidente y el primer ministro lanzaron duros ataques contra el sector duro de la oposición y lo acusaron de querer recuperar a toda costa el Gobierno, perdido a manos de Castillo en las elecciones de 2021, en vez de aceptar la propuesta del gobernante, de diálogo y distensión.
Lo polémico de la vacancia se reflejó por otra parte en una encuesta del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP), según la cual 51 por ciento de los consultados están de acuerdo con la medida y 45 por ciento en contra. El mismo sondeo verificó que 80 por ciento opina que si Castillo fuera vacado, debe convocarse a elecciones generales, tanto presidencial como parlamentaria.
Solo 9,0 por ciento acepta que asuma la jefatura del Estado la vicepresidenta, Dina Boluarte, y apenas 5,0 por ciento cree que se elija nuevo presidente y se mantenga el el impopular Congreso de la República hasta el fin de su mandato, en julio de 2026.
En su más reciente discurso contra la vacancia, Castillo advirtió la inminencia de una agudización de la campaña a favor de la medida, de su principal instrumento, la mayoría de los medios de comunicación.
El diario El Comercio dedica la mayor parte de sus páginas de opinión a artículos a favor de terminar con el ejecutivo del maestro rural y reitera en su portada una filtración de la declaración de la investigada empresaria lobista Karelim López, en el sentido que recibió una llamada de Castillo.
El informe añade que la llamada fue hecha desde el número telefónico 929851100, confirmado por Castillo con anterioridad como suyo ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En cuanto a las posibilidades de éxito de los «vacadores», para muchos virtualmente imposible, la congresista de extrema derecha Norma Yarrow reconoció que hasta hoy no hay votos suficientes para alcanzar los 87 votos de congresistas (dos tercios del total) necesarios para la aprobación.
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