La embajadora cubana Soraya Álvarez Núñez, representante de la nación antillana en ese foro, destacó este miércoles que la entrada en vigor de la Enmienda de 2005 a esa convención “fortaleció significativamente el tratado original desde varias importantes aristas”.
La diplomática enfatizó que el intercambio tecnológico libre y sin impedimento entre los Estados contribuye al fortalecimiento de la protección física y la seguridad física nuclear a nivel internacional.
Debe respetarse a tal fin el legítimo derecho de todos los Estados a acceder sin discriminaciones, a tecnologías de avanzada disponibles en el mundo para la protección física y seguridad física nuclear, aseveró.
Expresó además la preocupación de su nación ante la persistencia de restricciones indebidas a las exportaciones a algunos países en desarrollo de materiales, equipamiento y tecnologías nucleares con fines pacíficos, las cuales deben ser eliminadas de inmediato.
La representante cubana denunció que su país “ha sido y continúa siendo víctima de estas restricciones, como consecuencia de la ilegal política de bloqueo económico, comercial y financiero aplicada desde hace seis décadas por el gobierno de los Estados Unidos de América”.
Álvarez reafirmó que Cuba comparte la preocupación que representa la amenaza del terrorismo nuclear, y reiteró el compromiso de su país para evitar que el material nuclear y radiológico pueda ser usado con este fin.
En tal sentido, la delegación cubana al evento hizo un llamado a considerar al más alto nivel las múltiples dimensiones de la seguridad nuclear, e incluirlas en las agendas políticas nacionales y a nivel mundial.
La ampliación de la referida convención debe mejorar la protección física de las instalaciones nucleares y el material nuclear utilizado con fines pacíficos, así como el almacenamiento y transporte, manifestó.
El documento enmendado constituye además una herramienta que fortalece la cooperación internacional, así como la asistencia y el intercambio de información en el enfrentamiento a los delitos relacionados con el tráfico ilícito y el sabotaje de materiales o instalaciones nucleares.
La embajadora reconoció que ese acuerdo constituye el único régimen internacional obligatorio para la gestión eficaz de tan importante tema, “sin admitir discriminaciones ni selectividades”.
mem/ort
