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Dividida en dos ministerios gestión política e Interior de Ecuador

Quito, 30 mar (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, oficializó hoy mediante decreto ejecutivo la separación de la gestión política y la seguridad interna del país en los Ministerios de Gobierno y del Interior.
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La cartera de Gobierno estará atendida por el exasambleísta Francisco Jiménez, quien reemplazó a Alexandra Vela, tras su renuncia al cargo la víspera, luego de casi nueve meses de gestión, por diferencias políticas con el mandatario.

En su carta de dimisión, la política ratificó que está en desacuerdo con la línea establecida por el dignatario a fin de enfrentar la crisis agudizada por las desavenencias con la Asamblea Nacional, y reiteró su apoyo a la muerte cruzada como vía para «realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere en los campos social, político y económico».

De acuerdo con la disposición presidencial, el renovado Ministerio de Gobierno tendrá las competencias de gestión política para la gobernabilidad y prevención del conflicto; articulación intergubernamental; y, entre funciones del Estado.

Por otra parte, la cartera del Interior, dirigida por el exgeneral de Policía, Hernán Patricio Carrillo, garantizará la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana, además de ejercer la rectoría de la política pública de seguridad ciudadana, protección interna y orden público.

La salida de Vela del ejecutivo coincidió con la renuncia presentada por el consejero y vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, quien públicamente no explicó las razones de su decisión.

Los cambios en el gabinete ocurren en momentos en que gobierno y Parlamento mantienen un conflicto, agudizado por el rechazo y archivo, por parte del legislativo, de un proyecto de ley de atracción de inversiones, impulsado por la administración nacional y considerado como privatizador por muchos.

La propuesta, enviada con carácter económico urgente buscaba generar 30 mil millones de dólares en inversiones, además de dos millones de empleos, según defendió el gobierno, pero se encontró con sectores y bancadas opuestas, a cuyo juicio solo era un mecanismo para legalizar beneficios a las grandes empresas y poner en manos privadas entes públicos.

car/scm

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