Según el portal de noticias G1, la Fiscalía señaló que apelará la decisión de Weber, quien manifestó que, antes de ser informado de un posible delito, el gobernante no tiene «derecho al letargo».
Insistió en que cuando se le informa de un presunto delito, el jefe de Estado tiene la obligación de activar los órganos de control.
De acuerdo con la ley, prevaricar consiste en «retrasar indebidamente u omitir un acto oficial, o realizarlo en contra de la disposición expresa de la ley, para satisfacer el interés o los sentimientos personales».
El punto de partida es lo revelado el pasado 25 de junio, en la comisión del Senado que evaluó la gestión gubernamental ante la pandemia por el funcionario del Ministerio de Salud Ricardo Miranda, jefe del departamento de logística de importación, y su hermano, el diputado Luis Miranda.
Ambos declararon que advirtieron a Bolsonaro, en marzo de ese año, sobre sospechas de corrupción en la negociación para la adquisición de Covaxin, fármaco antiCovid-19.
Entre las irregularidades señaladas por los hermanos aparece la factura internacional con una previsión de anticipo de 45 millones de dólares, que no estaba prevista en el contrato original.
De igual manera otras cuentas con previsión de menos dosis de las previstas en el contrato y en nombre de una empresa con sede en Singapur, que no se cita en el pacto original.
La investigación procura aclarar si hubo o no omisión de Bolsonaro respecto a las presuntas anomalías en el proceso de contratación de vacunas, y también si el presidente, de alguna manera, se beneficiaría personalmente de ello.
Durante tres meses, el Gobierno no comunicó nada abiertamente sobre las acusaciones en torno a Covaxin.
Luego que los hermanos Miranda lo hicieran público, la administración federal presentó tres versiones.
El escándalo disparó la impopularidad del exmilitar en las encuestas de opinión rumbo a las elecciones de octubre, en medio de una enfermedad que cobró hasta la fecha 659 mil 241 muertes y 29 millones 882 mil 397 contagios.
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