La determinación obliga al funcionario, que ocupa el cargo hace 27 años, a cesar de inmediato sus funciones como ejecutivo municipal y a entregar todas las pertenencias públicas en usufructo particular, incluido desde el teléfono móvil hasta el vehículo y las tarjetas de crédito.
La presidenta de la Opfei, Nydia Cotto-Vives, confirmó la determinación emitida por la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario (UPAD), organismo que, no obstante, no puede disponer de la alcaldía ya que se trata de un cargo electivo.
Se ordena que se le impida a Rodríguez el acceso a la Casa Alcaldía o a instalaciones municipales de Mayagüez, como tampoco intervenir por sí o por medio de terceros con documentos o toma de decisiones en el ayuntamiento.
“Incumplir con las directrices emitidas por el Panel, podría conllevar sanciones ulteriores contra los funcionarios que las desatienda”, subrayó la UPAD, que atiende asuntos disciplinarios de carácter administrativo sobre los ejecutivos municipales.
Actualmente, la Opfei conduce una investigación sobre la posible conducta delictiva de Rodríguez en las transacciones en las que participó para el traspaso de activos del ayuntamiento a la empresa municipal con fines de lucro Mayagüez Economic Development.
A raíz de esos traspasos, las empresas municipales tomaron préstamos hipotecarios garantizados con el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio.
Ante la falta de cumplimiento con los pagos, las instalaciones están en medio de pugnas judiciales que pudieran resultar en el embargo de esas propiedades.
El 16 de noviembre de 2021 el panel del Fiscal Especial Independiente designó a los fiscales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz para realizar una investigación en profundidad contra el alcalde Rodríguez y la gerente de finanzas del ayuntamiento Yahaira Valentín Andrades.
El ministro de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, refirió el informe sobre una investigación preliminar que, sobre estos hechos, hizo la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor dirigida a la designación de un Fiscal Especial Independiente.
La pesquisa respondió a un referido que hizo el diputado José Enrique Meléndez, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), tras el arresto por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de varios asesores del alcalde, incluido el director de las empresas municipales.
El FBI apresó en marzo pasado a los asesores Eugenio García, Roberto Mejill Tellado y Alejandro Riera Fernández, así como a los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, así como a Steve Minger por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
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