De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, de enero a marzo de este año murieron asesinados 48 líderes y defensores de derechos humanos, cifra superior frente a los 42 del pasado año en igual etapa.
En tanto, del 1 al 30 de marzo de este 2022, fueron perpetradas 27 masacres con saldo de 94 víctimas mortales, mientras que en similar período de 2021, fueron 23 matanzas con 84 muertes.
El Observatorio de Indepaz precisó que en este primer trimestre hubo una ligera disminución del asesinato de exguerrilleros firmantes de la paz: 11 frente a los 14 del pasado año.
Colombia vive una espiral de violencia que, además del sistemático asesinato de líderes sociales, exguerrilleros en proceso de reincorporación y masacres, también se están presentando atentados explosivos, como el reciente en Bogotá donde dos niños perdieron la vida.
A eso se suma el asesinato de 11 personas en Puerto Leguízamo (Putumayo) presuntamente a manos del ejército y que fueron presentadas, incluso por el ministro de Defensa, Diego Molano, y el presidente del país, Iván Duque, como «bajas» de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (la modalidad de falsos positivos).
En este último hecho, según un testimonio que narró los detalles a Contagio Radio, los militares asesinaron a las personas que se encontraban disfrutando de un bazar donde se recogen fondos para las actividades comunitarias y el ejército entró disparando, asesinando a varias y otras trataron de salir del lugar, algunos por tierra o tirándose al río.
Los efectivos remataron a las personas en el agua y no prestaron atención a las que quedaron heridas y varias de ellas murieron ante la mirada de los militares. Una de las víctimas es el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.
De acuerdo con denuncias y lo narrado a Contagio Radio, los militares intentaron arreglar la escena del crimen para justificar los asesinatos e implantaron fusiles para poder asegurar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera», sin embargo, las armas implantadas no estaban cerca de los cuerpos de los asesinados.
Por otra parte, los efectivos militares no permitían el ingreso de los familiares de las personas que se encontraban en el bazar comunitario y pretendieron ocultar lo que allí estaba sucediendo.
jcm/otf
