El aguardo fue calculado por el procurador supranacional peruano, Carlos Reaño, quien confirmó que la CIDH suspendió el tratamiento del tema sin fijar la fecha en que lo hará.
La corte escuchó ayer en su sede de San José, Costa Rica, el pedido de los familiares de las víctimas de medidas provisionales que impidan la libertad de Fujimori.
El indulto decretado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski fue restablecido por el Tribunal Constitucional de Perú, pese a que la Corte Suprema lo anuló por ilegal en 2018.
La gracia fue bloqueada provisionalmente por indicación de la CIDH al Gobierno peruano, de que se abstenga de excarcelarlo hasta una decisión sobre los planteado por los deudos, lo cual acató Lima.
En la audiencia de ayer, Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de los crímenes por los que Fujimori está en prisión, pidió además que, preferentemente, la corte anule el indulto y no se limite a recomendar cumplimiento de lo dispuesto en 2018 sobre la necesidad de ajustarse a los parámetros de la CIDH.
Ortiz, exministra de Cultura, se presentó a la teleconferencia junto a familiares de las víctimas de otras violaciones de derechos humanos del gobierno fujimorista (1990-2000).
Entre ellos estaban parientes de los estudiantes Ernesto Castillo, Martín Roca y Kenneth Anzualdo y del periodista Pedro Yauri, detenidos y desaparecidos, y de los sindicalistas Pedro Huilca y Saúl Cantoral, y la comunicadora Melissa Alfaro, asesinados en sendos atentados. Estos casos siguen impunes.
Reaño fue interrogado reiteradamente por jueces de la CIDH sobre la posición del Estado peruano y respondió que este acatará lo que decida la corte.
Ante insistentes emplazamientos, señaló que los elementos están dados para que la corte dicte medidas provisionales pedidas por los familiares.
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