En la propuesta a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) participan actores estatales, instituciones nacionales, de la sociedad civil y organismos internacionales como agencias de las Naciones Unidas y representantes de las embajadas de México y Estados Unidos.
La mesa de alto nivel tendrá a su cargo «el diseño de acciones, toma de decisiones y activación de protocolos de atención, protección y seguridad», así como de vigilancia de las legislaciones nacionales e internacionales sobre el tema y los protocolos sanitarios por la Covid-19.
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la cancillería guatemalteca, el mecanismo de coordinación intersectorial responde al reciente anuncio de Estados Unidos de finalizar la aplicación de la normativa del título 42, mediante la cual deportaban de forma expedita a migrantes irregulares por una orden de salud pública en el marco de la pandemia.
En su mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores local llamó nuevamente a no exponer a peligros en la ruta migratoria a niños y adolescentes migrantes, así como a otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
«El Gobierno de Guatemala dirige un mensaje claro y contundente en transmitir la posición del Gobierno de Estados Unidos de América que la frontera continúa cerrada y a prevenir la desinformación o interpretación errónea que pueden transmitir los traficantes de personas migrantes», puntualizó la cartera.
La advertencia al parecer no funciona, en particular, para los miles de nacionales que a diario optan por los coyotes a costa de más deudas familiares ante la agobiante pobreza y violencia en esta nación centroamericana.
Según datos del IGM, entre 2021 y en el transcurso de 2022, más de 27 mil guatemaltecos llegaron deportados bajo los títulos 42 y ocho, este último el procedimiento estándar.
En el caso de la primera opción, hasta el 29 de marzo sumaban nueve mil 308 personas, en tanto en 2021 fueron 13 mil 138, todos retornaron en vuelos aéreos.
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