Cuando parecía que la modalidad de «falsos positivos» practicada en el conflicto armado por las fuerzas militares durante el gobierno de Álvaro Uribe era ya un asunto del pasado en manos de la justicia, resurgió este hecho que provocó las más diversas reacciones.
Organismos internacionales como la oficina de Representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU señaló que dará seguimiento a los hechos presentados en Alto Remanso, Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, donde habrían perdido la vida civiles, líderes comunales e indígenas.
«Llamamos a autoridades a que se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia», subrayó.
En este último hecho, según un testimonio que narró los detalles a Contagio Radio, los militares asesinaron a las personas que se encontraban disfrutando de un bazar donde se recogen fondos para las actividades comunitarias.
El ejército entró disparando, asesinando a varios de los presentes y otros trataron de salir del lugar, algunos por tierra o tirándose al rio, reveló la fuente.
Los efectivos remataron a las personas en el agua y no prestaron atención a las que quedaron heridas y varias de ellas murieron ante la mirada de los militares. Entre las víctimas figuraba el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.
De acuerdo con denuncias y lo narrado a Contagio Radio, los militares intentaron arreglar la escena del crimen para justificar los asesinatos e implantaron fusiles para poder asegurar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera», sin embargo, las armas no estaban cerca de los cuerpos de los asesinados.
Por otra parte, los militares no permitían el ingreso de los familiares de las personas que se encontraban en el bazar comunitario y pretendieron ocultar lo que allí estaba sucediendo.
El senador por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Feliciano Valencia recalcó que los pueblos y naciones indígenas de Colombia exigen justicia por el asesinato del gobernador Panduro Coquinche del pueblo kichwa y las otras víctimas de la masacre de Puerto Leguizamo por cuenta del ejército.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana denunció el crimen y exigió justicia para las víctimas.
Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el general Édgar Alberto Rodríguez, jefe del Comando Conjunto 3, implicado en masacre en Puerto Leguízamo ya estaba implicado en casos de falsos positivos mientras estuvo en Huila.
En opinión de esta organización, mandos llamados a declarar ante la justicia transicional no deben continuar en servicio activo para la no repetición.
El alto mando mencionó que, en medio de la ofensiva del Ejército, a través del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en el sur del país fueron dados de baja 15 integrantes del GAO residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia (disidencias de las extintas FARC).
Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, manifestó que debe procurarse una investigación que cuente con presencia internacional como la ONU y organismos defensores de los derechos humanos para que este hecho no se convierta en otro ocultamiento.
Tampoco que quede en la impunidad porque que en Colombia está produciendo todo tipo de sensación de ingobernabilidad frente al incremento de asesinatos de líderes y de masacres, enfatizó.
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