La entidad detalló que esa cifra incluye las víctimas de distintos tipos de artefactos explosivos: minas antipersonales, artefactos explosivos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados, y de ese total nueve fallecieron.
La CICR puntualizó que en la etapa señalada hubo 44 víctimas de minas antipersonales y 174 de artefactos explosivos de detonación controlada y lanzados.
De ellas, 150 son civiles (entre las que están 31 menores de edad), 63 integrantes de la fuerza pública y cinco integrantes de grupos armados.
Los accidentes ocurrieron en 15 departamentos del país, y los más afectados fuero Cauca, Arauca, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó, zonas donde se concentró el 77 por ciento de las víctimas.
La coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en Colombia, Ana María Hernández, señaló que en 2021 registraron el número más alto de víctimas de artefactos explosivos de los últimos cinco años.
«Nos preocupa que, si esta tendencia continúa, en 2022 las consecuencias humanitarias de esta problemática podrían ser aún más graves y el sufrimiento para la población civil, mucho mayor», subrayó.
Señaló que el número de víctimas directas evidencia el profundo sufrimiento que provoca este fenómeno, sin embargo -dijo- no es el único indicador de la afectación.
«Existen otras consecuencias humanitarias que se derivan de esta problemática como el desplazamiento, el confinamiento, el miedo y la zozobra, que, aunque son menos visibles afectan por completo la cotidianidad, la salud mental, el desarrollo de las comunidades», manifestó Hernández.
mem/otf
