Deisy Francis Mexidor
Periodista de la Redacción Norteamérica de Presa Latina
El diario The Wall Street Journal informó que el mes de marzo cerraría con el mayor número de detenciones de migrantes irregulares en la línea divisoria con México «en al menos 22 años».
Se estima que la Patrulla Fronteriza «realizó aproximadamente siete mil detenciones diarias en marzo», de acuerdo con el reporte del periódico, al citar datos preliminares de la administración Biden.
Los cruces ilegales en esa región se dispararon el verano pasado al nivel más alto en décadas, con más de 200 mil interceptaciones de la Patrulla Fronteriza tanto en julio como en agosto.
Desde entonces se produjo un modesto descenso, cuya tendencia a la baja comienza a invertirse, indicó The Hill.
Recientemente la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) notificó que solo en febrero detuvo a 164 mil 973 migrantes irregulares, lo que representó un incremento del siete por ciento comparado con el mes de enero y 73 por ciento más que en el segundo mes del año anterior.
“Febrero también registró un ligero aumento en el número de encuentros a lo largo de la frontera suroeste, con supremacía de personas desde México y el Triángulo Norte, y la mayoría de los no ciudadanos fueron expulsados bajo el Título 42”, expresó el comisionado de CBP, Chris Magnus, en un comunicado.
Para complicar el panorama a Biden, la controvertida medida de la era de Donald Trump, conocida como Título 42, utilizada para prohibir la entrada de migrantes por motivos de salud pública (amparada en la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de Covid-19) está a punto de terminar.
De acuerdo con un anuncio el 1 de abril de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el gobierno de Biden pondrá fin este 23 de mayo a las restricciones fronterizas que Trump implementó durante la pandemia y que torpedearon la entrada de migrantes a Estados Unidos.
Con la interrupción del Título 42, a los migrantes los podrían detener o expulsar si no tienen una solicitud de asilo o quedarían en libertad en territorio estadounidense mientras transcurren sus procedimientos para regularizar su situación.
La aplicación de la normativa por el actual gobierno ha sido objeto de críticas desde sectores de la izquierda, los defensores de la inmigración e incluso miembros de la corriente principal del Partido Demócrata no conocidos por romper con la Casa Blanca, como el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York).
En ese sentido, la mansión ejecutiva prevé que los intentos de cruzar el límite fronterizo entre Estados Unidos y México sean más numerosos tras la revocación de esa política, que se había desplegado ostensiblemente como una medida de salud pública al comienzo de la pandemia, opinó The Hill.
La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo a los periodistas en rueda de prensa que la administración «diferiría» a los CDC la responsabilidad respecto a cuándo poner fin a la política. Entretanto, el Caucus Hispano del Congreso sumó presión sobre Biden para que decida la conclusión del polémico programa de su antecesor.
Los 38 miembros del grupo parlamentario enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken; al de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la directora de los CDC, Rochelle Walensky.
En ella, exhortaron suspender la orden, que se aplica desde marzo del 2020 y la defendió la administración Biden en tribunales.
“Hay que terminar con el Título 42 de Trump ahora”, “Dejen de usar la pandemia como una excusa para mantenerlo”, expresaron los congresistas.
Hasta el momento la estrategia implementada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza la revisan periódicamente los CDC para justificar su aplicación durante la Covid-19.
Más de un millón 500 mil migrantes fueron afectados por esta política, solo en el año fiscal 2021.
Los congresistas exigen explicaciones de las autoridades acerca de cómo determinan que una familia o persona es un riesgo de salud para el país y cómo se asegura la correcta atención de niños, entre otros aspectos.
“Durante más de dos años, los solicitantes de asilo han sido expulsados ilegalmente de Estados Unidos sin el debido proceso que merecen”, indicó el congresista Joaquín Castro (Texas), citado por el diario hispano La Opinión.
El representante demócrata consideró que el uso actual del Título 42 es “una continuación injustificada de las crueles políticas de inmigración de la Administración Trump”.
Organizaciones civiles apoyadas por senadores, incluido el líder de la mayoría Schumer, también instaron a Biden a levantar la medida.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estiman que se preparan para recibir hasta 18 mil indocumentados diariamente tras el levantamiento de la medida.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó: «Una vez que la orden del Título 42 deje de estar en vigor, el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de acuerdo con el Título 8, que es el utilizado para ubicar a las personas en procedimientos de deportación».
“Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados», subrayó. En otras palabras: las deportaciones seguirán.
Sin dudas, el tema migratorio sirve de comidilla para la fuerza roja (color que identifica al Partido Republicano) y lo consideran el talón de Aquiles del Presidente Número 46.
A casi siete meses de las legislativas, la oposición republicana intenta explotar “los horrores de la crisis de fronteras abiertas de Joe Biden”.
Trump no se quedó atrás para lanzarse contra los inmigrantes y aprovechó un mitin en Michigan para atestiguar, sin sustento alguno, que entre 10 y 12 millones “invadirán” pronto Estados Unidos, cuando deje de aplicarse el título de su administración.
Como bien alertaron expertos y la prensa, lo peor que podría pasarle ahora a Biden es que sume otro problema a los que ya tiene en el plano doméstico.
Por ejemplo, el mandatario lidia con la peor inflación en décadas, mientras su agenda continúa estancada en el Congreso, en gran parte por las divisiones internas de los propios demócratas que no han permitido aprobar su proyecto de ley Reconstruir mejor (Build Back Better), su ambicioso plan de gasto social y climático.
Los dos predecesores más inmediatos de Biden en la Casa Blanca sufrieron cifras negativas en los sondeos en vísperas de sus primeras elecciones de mitad de mandato y ambos vieron cómo su partido perdía el control de la Cámara de Representantes.
En noviembre de 2010, el índice de aprobación de Barack Obama bajó, mientras los republicanos aprovechaban una poderosa ola roja impulsada por el Tea Party para dar la vuelta en ese hemiciclo.
Con esas experiencias los demócratas temen lo que se avecina en noviembre cuando se decidirá el nuevo balance de fuerzas en el Capitolio.
De momento, las malas notas de Biden en las encuestas persisten.
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