En conferencia de prensa, sus representantes exigieron un alto al robo de los recursos de los pueblos, el cese de la violencia sistemática del Estado y transparencia en el actual proceso de elección del próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).
Demandamos que la Comisión a cargo no proteja al Pacto de Corruptos, ni los privilegios de los empresarios, expresaron representantes de la Asamblea Social y Popular, Acción Ciudadana, Justicia Ya, Sector Interreligioso Centinelas, Alianza por las Reforma, Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia.
En bloque, rechazaron que entre los aspirantes estén Consuelo Porras, quien busca su reelección; Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación; y José Enrique Urrutia, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.
De igual forma, Henry Elías, magistrado de la Sala de Femicidio; Óscar Dávila, jefe de la Comisión Presidencial contra la Corrupción; y Gloria Súchite, magistrada suplente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, a quienes consideran «parte del mismo Pacto de Corruptos».
Asimismo, llamaron a la población a acompañar las protestas que desde hoy se realizan frente a las sedes del MP en varios municipios de Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango y Chimaltenango.
Entre las acciones en esta capital, se espera mañana una concentración y vigilia en la plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia, y un día después marcharán hacia el MP, el Congreso y Casa Presidencial.
En el comunicado de este martes, advierten sobre el giro del país en los últimos años al perder la poca democracia y las escasas garantías constitucionales apenas existentes.
«No solo peligran las sentencias de la Corte de Constitucionalidad relacionadas con el derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino casos juzgados por genocidio y otros relacionados con actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado», recordaron.
Asimismo, repudiaron la criminalización, persecución y judicialización de líderes y lideresas comunitarias, de autoridades indígenas, activistas defensores de derechos humanos, comunicadores comunitarios, de jueces, fiscales y exfiscales, que hoy tienen arresto domiciliario, orden de captura o atraviesan juicios y otros ataques.
«En lugar de tomar medidas para reducir el impacto del alto costo de la vida y el aumento de precios generalizado, el gobierno sigue protegiendo los negocios de los privilegiados», alertaron en referencia a subsidios temporales recién en vigor para bajar el precio de los combustibles y el gas propano.
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