A pesar del apremio de conseguir más votos a favor, 249 a 207, se necesitaban 257 para su aprobación.
El texto recibió críticas durante toda la sesión. El parlamentario Marcel Van Hattem estimó que la proposición limita la libertad de expresión y la verdad.
«Para evitar la difusión de noticias falsas, las víctimas serán las informaciones veraces», señaló.
El ponente de la propuesta, el diputado Orlando Silva, afirmó que el objetivo es hacer de la red de redes Internet un entorno «más saludable».
Alertó que la difusión de noticias falsas tiene tal impacto en la vida pública que el Parlamento no puede seguir omitiendo bajo pena de reforzar el activismo judicial.
«No podemos ser omisos y no establecer parámetros para el funcionamiento de Internet porque si no lo hacemos nosotros, lo hará el Poder Judicial y no tiene sentido llorar o lamentarse después», argumentó.
Silva destacó algunos de los puntos del texto y negó que haya algún intento de censura en la moderación de contenidos.
«No queremos ningún tipo de censura por parte de las empresas de Internet y obligamos a las compañías a notificar al usuario cuando se hace la moderación y dar el derecho de contradicción para que la libertad sea plena», indicó.
Insistió que está escrito en el texto que la inmunidad parlamentaria es extensiva a las redes sociales. «Construiremos una forma de producir pruebas para investigar quién es responsable de la difusión de noticias falsas», apuntó.
De acuerdo con la congresista Lidice da Mata, ponente de la Investigación Parlamentaria Conjunta sobre Fake News, la propuesta responde a un deseo de la población, que rechaza las noticias falsas.
Recordó que las fake news van más allá del delito contra el honor, pero demostraron el daño a la población durante la pandemia de Covid-19.
«La pandemia llegó y la sociedad brasileña tuvo que convivir con personas y noticias que negaban la existencia del virus, de la enfermedad. Por lo tanto, las noticias falsas son más graves que la simple ofensa, amenazan la supervivencia de las personas», remarcó.
El texto que no resultó aprobado pretende mejorar la legislación brasileña en materia de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet para reprimir la difusión de contenidos adulterados por parte de las plataformas.
Fortuitamente, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, prorrogó este miércoles por 60 días una investigación al presidente Jair Bolsonaro, quien asoció falsamente la vacunación contra la Covid-19 con el desarrollo del VIH/Sida.
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