Según la iniciativa del general retirado, se pretende ampliar el delito de prevaricato con penas de 12 meses a siete años de prisión para actores del Poder Judicial que incurran en un mal o erróneo desempeño en su función en forma intencional.
En el texto de la propuesta se describen delitos de “ocultamiento de pruebas”, que “conociendo hechos con apariencia delictiva no los investigue” y dictar sentencias “a sabiendas de una resolución injusta en causa penal o no penal”.
La gremial explicó que ya existen normas al respecto incluidas en la Constitución de la República y complementadas con una ley vigente, además de que cualquier decisión considerada injusta puede recibir la crítica de medios de comunicación.
En este sentido manifestó que seguirá el trámite parlamentario del proyecto, ya que “podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes”, así como limitar la independencia e imparcialidad de los jueces.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, compartió esas preocupaciones y criticó que se ponga el foco en estos temas “en lugar de dotarnos de recursos para ser más eficientes”.
Rechazó que el juez debe estar sujeto a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones, y sostuvo que los errores judiciales debieran corregirse mediante la revisión por un tribunal superior.
Manini recibió frecuentes críticas del Frente Amplio por sus periódicos ataques a la Justicia, en particular después de que un fiscal lo imputó por ocultar en 2018 información sobre un homicidio cometido por un oficial represor de la pasada dictadura.
Una vez elegido senador en 2019 se acogió a la inmunidad parlamentaria, incumpliendo una promesa electoral de renuncia del fuero para comparecer ante un tribunal.
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