En tal sentido se pronunciaron la secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jennie Dador, y el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe, sobre la resolución de la CIDH que dispuso que el Gobierno se abstenga de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que reactivó el indulto de 2017, anulado en 2018, por ilegal.
Para Dador el dictamen de la CIDH señala graves errores en el cuestionado fallo del TC, algo que consideró bochornoso para el país. “Si yo fuera el integrante del TC que ha sustentado esta decisión, tendría también vergüenza”, expresó.
Según Quispe, “ha sido un duro revés para el TC y una vergüenza para el Perú a nivel internacional” que los jueces de esa instancia no hayan aplicado los criterios de la justicia internacional y se hubieran limitado a considerar solo las normas internas.
Dador, por otra parte, confirmó que el Estado peruano está obligado a cumplir los dictámenes de la CIDH porque admitió someterse a su jurisdicción al integrarse a esta, en enero de 1981.
Quispe señaló que Perú debe acatar las disposiciones de la CIDH, debido a que está adscrito a la Competencia contenciosa administrativa de la Corte.
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