La resolución la tomó el ente en una sesión extraordinaria, por unanimidad, una semana después que el Parlamento decidió por mayoría aceptar una recomendación de la Comisión legislativa de Justicia.
En su fallo, la CC señaló que la Asamblea Nacional no tiene competencia para calificar la naturaleza de la objeción presidencial y por esa razón no puede hacer un control previo de constitucionalidad.
La institución también advirtió que los plazos establecidos para la tramitación de la polémica ley siguen en marcha.
En ese sentido, el legislativo cuenta con dos días para llegar a un consenso o de lo contrario la normativa entrará e vigor con los cambios presentados por el mandatario, por el ministerio de la ley.
El tema más controvertido de la regulación está relacionado con el tiempo máximo para permitir la interrupción del embarazo en las féminas gestantes como resultado de una violación.
La Asamblea fijó el límite en 12 semanas para quienes viven en zonas urbanas y hasta 18 para niñas y residentes en áreas rurales o comunidades indígenas.
Por su parte el ejecutivo considera que se debe establecer el período de 12 semanas sin distinción.
El aborto por violación es una demanda de años de defensores de los derechos humanos y colectivos a cuyo juicio la mujer debe decidir sobre su cuerpo.
A esos grupos se oponen los denominados pro vida, que se oponen a la interrupción, aunque la concepción fuera sin consentimiento o resultado de un acto violento.
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