La comisión permanente del Legislativo dio 15 días útiles (sin contar fines de semana ni feriados) de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar el caso, tras una votación con 17 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.
Tras ese lapso, la subcomisión presentará un informe a la comisión permanente y, si esta la aprueba, se abrirá una especie de juicio parlamentario y el pleno congresal dictaminará en última instancia si suspende al presidente y lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 10 años o no, lo que tomará varios meses.
La denuncia que motiva el procedimiento iniciado hoy fue presentada por políticos y abogados de extrema derecha que forman parte de una campaña por el retiro de Castillo de la Presidencia, que incluye acciones, con gran apoyo mediático, en diversos campos y presiones para que renuncie, lo cual rechaza el mandatario.
El informe fue presentado al filo de expirar el plazo y debatido por la subcomisión cuando el mismo había expirado, y el partido cogobernante Perú Libre planteó anular el informe y dar por terminado el procedimiento porque incluía un cargo por violación de un código policial-militar caduco.
Sin embargo, la mayoría opositora solo eliminó el yerro y le dio validez, fuera del plazo legal.
La imputación de traición a la patria se basa en una declaración periodística, ante una pregunta al mandatario sobre una eventual cesión a Bolivia de una salida soberana al mar.
Castillo respondió que jamás haría nada que el pueblo no quiera, lo que desató afirmaciones de que el mandatario quería ceder territorio al país vecino y proyectaba un referendo para hacerlo.
Posteriormente, el presidente aclaró que nunca había pensado siquiera ceder soberanía al país vecino y que de ninguna manera lo planteará, pero la campaña opositora continuó y el grupo conservador presentó la denuncia constitucional.
La campaña contra Castillo registró también presiones sobre el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que revoque una decisión de su reciente antecesora, Zoraida Ávalos, de congelar el inicio de una investigación al presidente por presunta corrupción en su entorno político y familiar, hasta que termine su mandato, en 2026.
Ávalos fundamentó la decisión en jurisprudencia pasada en la protección del fuero presidencial y el artículo constitucional que impide formular acusaciones contra un gobernante en funciones.
Entretanto, en el Congreso está en marcha una iniciativa para interpelar al primer ministro, Aníbal Torres, lo cual puede derivar en su censura y acarrearía la caída de todos sus ministros.
De repetirse una medida parlamentaria similar, el presidente podrá disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios legislativos.
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