“Al defender a golpistas derechistas que enjuiciados por asaltar el poder, robar al Estado y masacrar a nuestros hermanos, EE.UU busca impunidad para esos delitos y violaciones de DD.HH”, escribió en su cuenta de Twitter el líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
Morales añadió que de esa forma Washington promueve “la desestabilización política para impedir la justicia que piden las víctimas del golpe”.
Agregó que el informe publicado por el Departamento de Estado de la potencia del Norte “es prueba de la conspiración de EEUU contra el pueblo y la democracia de Bolivia”.
En su denuncia, Morales subrayó que “empezaron con las falsas acusaciones de la DEA para defenestrar a Evo y dirigentes del Trópico y así dividir al MAS-IPSP. Ahora acusan a nuestro gobierno”.
Señaló el exmandatario que el documento fue amplificado por “medios de la derecha golpista como si fuera la verdad irrebatible”, sin embargo, en realidad su intención es la de “santificar a los autores de masacres de hermanos indígenas en el gobierno de facto”.
“Con su informe político y mentiroso, EE.UU. habla de `impunidad` en Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú, para chantajear a sus pueblos”, concluyó Morales.
Por su parte, el vicecanciller Freddy Mamani declaró a la prensa que la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, será convocada para expresarle la “molestia” y el rechazo del Gobierno.
Mamani calificó de unilateral el informe publicado el martes y en el cual se hace referencia detallada al proceso penal instaurado contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y se critica la situación de la justicia en el país altiplánico.
El texto del Departamento de Estado de Washington desglosa ampliamente la situación jurídica de Áñez, encarcelada desde marzo de 2021 por los expedientes Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.
Como acusada concurre en ambos procesos penales, el primero guarda relación con las masacres, persecuciones y detenciones ilegales cometidas después que ella firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078 que exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares que cometieran crímenes durante la represión a los manifestantes.
Tal uso de la fuerza provocó 36 muertos, 800 heridos y más de 500 detenidos, según el informe publicado en diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Golpe de Estado II se refiere al procedimiento del que Áñez se valió el 12 de noviembre de 2019 para asumir anticonstitucionalmente primero la cabeza del Senado y desde ahí la jefatura del Estado.
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