El análisis del proyecto que despenaliza y regula los tiempos para la interrupción del embarazo en caso de violencia sexual quedó interrumpido luego de una primera votación sobre una moción presentada por la legisladora Pierina Correa en la que pidió allanarse a las objeciones realizadas por el mandatario Guillermo Lasso.
La propuesta contó con 73 votos en contra, mientras que solo 17 asambleístas estuvieron a favor y 40 se abstuvieron.
Seguidamente, LLori impidió cualquier otra oportunidad de debate al dar por cerrada la sesión en la que el pleno debía pronunciarse sobre el veto emitido por el jefe de estado al emitir 60 observaciones al proyecto legal.
Incluso no permitió un intento de nueva moción del presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, a cargo de elaborar el informe sobre la ley.
«Es una vergüenza cómo dirige la Asamblea», aseguró Jaramillo en reacción a la postura de la presidenta del ente y reclamó por no haberle dado paso a su pedido.
El plazo para evaluar las modificaciones presentadas a la normativa vence mañana, cuando comienza el feriado de Semana Santa, y si el Parlamento no se pronuncia, la regulación entrará en vigor por el ministerio de la ley.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto trata el tiempo máximo para acceder a un aborto.
Según el legislativo, el límite sería de 12 semanas para mujeres de zonas urbanas y 18 para niñas y féminas de áreas rurales y de comunidades indígenas, pero el mandatario unificó todo y estableció 12 semanas sin distinción.
Lasso también propuso condiciones para la solicitud de la interrupción de la gestación como presentar una denuncia y una declaración juramentada o certificación de la violación sexual.
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