“Esperamos un fallo equilibrado que nos ayude a resolver esta controversia y allanar el camino. Bolivia saldrá siempre adelante”, aseguró el Agente del Estado Plurinacional ante la CIJ, Roberto Calzadilla.
También embajador de la nación andino-amazónica en Países Bajos, el diplomático subrayó la permanente posición boliviana de diálogo y conciliación con un país hermano para resolver esta controversia sobre la base de los estudios técnicos y científicos.
La vista oral comenzó el 1 de abril y hasta el jueves los equipos integrados por expertos internacionales de ambas partes argumentaron sus puntos de vista respecto a la naturaleza y empleo de los manantiales que nacen en el territorio del país altiplánico.
Según el agente, Bolivia tiene pleno derecho sobre las aguas del Silala y respecto al flujo mejorado en el siglo XX con canales artificiales que incrementan de manera significativa su cauce natural.
Durante los descargos ante el jurado, la representación del Estado Plurinacional insistió “respetuosamente” a la Corte que “adjudique y declare que: a) Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que se encuentran en su territorio”.
Otra solicitud presentada por Calzadilla a la CIJ es el reconocimiento de que Bolivia “tiene derecho a decidir” si mantiene esas estructuras artificiales y cómo, según explicó al canal Bolivia TV acerca de su segunda y última participación en la ronda de alegatos orales.
Según trascendidos, la defensa chilena expresó que la nación transandina no creará ningún obstáculo a Bolivia para que use en el futuro las aguas del Silala bajo el principio de “utilización equitativa y razonable”.
Sin embargo, la letrada Lawrence Boisson subrayó que los desacuerdos entre las partes incluyen, precisamente, “la interpretación y la aplicación del principio de utilización equitativa y razonable, y las obligaciones relacionadas con ese principio en cuanto al intercambio de información y la notificación previa”.
Argumentó que los usos de las aguas del Silala se remontan a principios del siglo XX, sin que Bolivia nunca impugnara los empleos realizados por Chile y que ella misma también las utilizó durante ese lapso al otorgar una concesión. En sus conclusiones, la representación chilena pidió a la CIJ declarar, entre otros asuntos, que “Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala”.
Asimismo, demandó que la parte boliviana “tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que pudieran tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos”.
Igualmente, pidió se establezca la obligatoriedad para la nación altiplánica de “intercambiar datos de información y de llevar a cabo, cuando proceda, una evaluación del impacto ambiental con el fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos de dichas medidas planificadas”.
La disputa por el líquido llegó a la CIJ luego que Chile presentara una demanda en 2016 para que ese recurso, que brota de manantiales del territorio boliviano, sea reconocido como un “río de curso internacional”.
Dos años después el Estado Plurinacional estableció su contrademanda, y entre 1 y el 14 de abril transcurrió la última etapa del largo proceso judicial, correspondiente a la exposición de los alegatos orales.
El secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) de la cancillería boliviana, Émerson Calderón, considera que la parte chilena debe prever una compensación favorable a Bolivia tras ingresar en negociaciones de buena fe.
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