Antonio Paneque Brizuela
Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina
Refranes muy populares aquí sobre “cuentos de nunca acabar”, “de la buena pipa” o “gato con las patas de trapo” empalidecen ahora ante las altas y bajas del carburante debido a fondos aprobados y desaprobados, una y otra vez, por el Ejecutivo y el Congreso.
El más reciente “sube y baja” fue el 11 de abril, cuando el Legislativo derogó un subsidio autorizado el 25 de marzo por el presidente Mario Abdo Benítez para reducir el precio del carburante y, además, rechazó otro de 100 millones de dólares.
La anulación del texto legal fue aprobada ese día por las dos cámaras del Congreso Nacional (diputados y senadores) y, al siguiente, por el mandatario, obviamente presionado por el descontento.
Pero lo más curioso es que esas máximas instancias defendieron antes, hasta el cansancio, los presupuestos para aliviar la situación, mediante encuentros citados y vueltos a citar, frustrados y algunos de ellos celebrados.
La Cámara de Senadores llegó, incluso, a otorgarle el 5 de abril su votación favorable, que equivalió a media norma, al presupuesto de 100 millones de dólares denominado Fondo de Estabilización de precios de los carburantes.
Para llegar a ese punto, no obstante, primero la Cámara de Diputados y la de Senadores pasaron por otros “cuentos de nunca acabar”, al convocar y suspender demasiadas veces sus reuniones y contactos sobre el asunto.
Las sesiones prorrogadas “por falta de quórum”, postergadas por indisciplinas ante citaciones “demasiado tempranas”, o decisiones opuestas a las de otros encuentros, causaron una gran confusión en la opinión pública.
La decisión presidencial para bajar los precios de la estatal Petróleos de Paraguay (Petropar), mediante la ley 6900/2022, fue una suerte de paliativo ante dos semanas de bloqueos de vías por transportistas opuestos a esas tarifas.
El reajuste de los precios mediante esa normativa, en concreto, redujo el litro de diésel tipo III a seis mil 050 guaraníes (93 centavos de dólar) y el de nafta de 93 octanos a seis mil 910 guaraníes (99 centavos de dólar).
PRECIOS, PROTESTAS, INFLACIÓN
Las manifestaciones de marzo, con cierres y bloqueos de estratégicas carreteras en todo el territorio nacional que aún persisten hasta en la capital, impidieron el traslado de viajeros y suministros y, en general, incomunicaron al país.
La ley del 25 de marzo aparecía un mes después de otra decisión que, también entonces, significó lo contrario: el alza de precios el 26 de febrero del carburante, por segunda vez en el presente año y por sexta en los últimos 12 meses.
Esa disposición, motivada por la crisis económica mundial a causa de la guerra en Ucrania, fue asumida tras reuniones con representantes de ambos sectores, que subieron el litro de sus productos en unos 500 guaraníes (0,07 dólares).
Los precios del carburante privado, a los que luego se sumó Petropar, subieron junto a los de los alimentos y otros rubros de primera necesidad, en medio de una inflación interanual (marzo a marzo) del 10,1 por ciento.
Por su parte, la legislación promulgada por Abdo Benítez, autorizó a gasolineras de la empresa estatal a vender el gasoil tipo III y la nafta de 93 octanos a tarifas menores que las invertidas y a importarlos de forma directa.
Esos subsidios, supervisados por el Ministerio de Hacienda, respaldaron solo a las 228 estaciones de Petropar, frente a las dos mil 300 privadas, algo calificado de “limitado” por vendedores y transportistas del sector.
La desigualdad entre particulares y estatales aumentó el 28 de marzo cuando los primeros subieron el litro de gasoil en mil 500 guaraníes (21 centavos de dólar) y el de nafta en mil guaraníes (14 centavos de dólar).
La crisis empeoró el 5 de marzo con un nuevo aumento dispuesto por el Gobierno a varios de esos rubros que permanecían sin subsidiar en las gasolineras estatales.
LOS SUBSIDIOS, “SOLUCIÓN A MEDIAS”, SEGÚN DIPUTADO
En medio de esas difíciles circunstancias, era lógico que algunos sectores poblacionales vieran con cierto optimismo, al menos, la promulgación por el Presidente de la Ley 6900/2022 sobre subsidios para bajar los precios.
Pero la nueva normativa de protección estatal al carburante apuntaba al bolsillo del pueblo de forma demasiado directa, al contemplar la amortización de sus finanzas a partir de impuestos controlados por el Ministerio de Hacienda.
“Los subsidios a los precios de los combustibles cuya aprobación debaten las autoridades son soluciones a medias”, opinó el diputado del humanista Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián García.
En su criterio, el Gobierno y el Legislativo “debieran encontrar otras alternativas que beneficien en verdad a camioneros, y choferes de pasajeros, de carga y de otras plataformas”.
Inmerso en los habituales roces y diatribas entre grupos políticos sobre el tema, García fue uno de los diputados que adelantó varias ausencias de su bancada a los frecuentes cónclaves legislativos para discutir ahora no se sabe qué.
El parlamentario develó otro ángulo estratégico de la polémica, al calificar los impuestos para amortizar los 100 millones dedicados a subsidios de “un margen de renta cuyas deudas, finalmente, pagará la ciudadanía”.
Introdujo así el cuestionamiento de su partido y de otras formaciones dentro del Legislativo sobre el marcado interés del gubernamental Partido Colorado (PC) por defender los subsidios para ahorrarse problemas.
Legisladores y medios como el periódico ABC Color fueron más lejos al criticar “la hipocresía cartista”, en referencia al movimiento Honor Colorado dentro del PC, liderado por el expresidente Horacio Cartes.
El diario aludía a la votación favorable de esa formación por su derecho a los tres millones 500 mil guaraníes mensuales (511,05 dólares) asignados para gasolina, pese a su anuncio de abstenerse de recibirlos.
“Restituyeron los cupos de combustible y ahora dicen que renuncian al privilegio”, publicó ABC Color, en palabras que dejan cierto sabor a duda sobre qué pensará, al votar sobre subsidios, un diputado en posesión de semejantes beneficios.
Pero algunos cazadores de estadísticas polémicas también podrían preguntarse: ¿Cómo es que un pequeño y pobre país gasta al año–según fuentes oficiales- 46 millones de dólares en combustibles para sus legisladores y funcionarios estatales?
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